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Frente común contra el delito

02 de junio de 2009
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Un llamado a que el esfuerzo operativo que hace la fuerza pública se complemente con herramientas judiciales adecuadas para poder combatir el crimen organizado en el departamento y, en especial, en el Valle de Aburrá, hicieron ayer los corporados de la Asamblea Departamental y del Concejo de Medellín, en el debate conjunto sobre seguridad realizado por estas corporaciones.

"A lo que queremos llamar es a que haya una judicialización efectiva no sólo sobre los integrantes de los combos que vienen desatando una ola homicida, sino contra todo el crimen organizado que hay detrás del narcotráfico", expresó el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Agregó que esta discusión se tiene que trasladar al orden nacional para tener una política criminal que permita encarar la situación.

El secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez, afirmó que se está ante un fenómeno de crimen organizado que tiene profundas raíces en un delito transnacional como el narcotráfico.

Según Ramírez, es imposible combatirlo sin que medien condiciones como un estatuto o norma excepcional que permita perseguir a los delincuentes y recursos suficientes que permitan tener las herramientas necesarias.

Para el presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, además de una política judicial nacional, también debe haber una coordinación y articulación entre todas las autoridades en el manejo de las cifras.

En su opinión, distan de la realidad.

Los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada, brigadieres generales, Dagoberto García y Juan Pablo Rodríguez, respectivamente, expusieron que el tema de la seguridad en la zona rural está controlado, aunque en el Valle de Aburrá se presentó un incremento en los homicidios del 50 por ciento en relación con el año pasado. Expusieron que otros delitos marcan decrecimiento.

El presidente de la Asamblea Departamental, Juan Esteban Villegas, mostró su preocupación por el incremento de la criminalidad en los últimos años. "Esto debe concitar a toda la fuerza pública y a todos los actores para evitar que se vuelva a esa tendencia creciente de principios de los 90", señaló Aristizábal.

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