Es imposible callar ante un tema que ha venido desbordando la paciencia de los colombianos. Sí, la forma de operar de nuestra justicia ha generado una feroz indignación. No hay semana en la que no se revele un nuevo escándalo. Lo que más sorprende es que estos provienen de las más altas dignidades, de los guardianes encargados de que haya pronta y transparente justicia.
Esta imposibilidad de callar es lo que debemos admirar en quienes por fin están denunciando a los intocables. Vemos un rayo de luz en un largo túnel de miedo al que estuvimos sometidos. ¿Cuántos inocentes pagaron condenas? ¿Cuántos están libres gracias al poder económico y el de la intimidación?
Han adquirido tanto poder nuestras cortes en Colombia, que hace poco una destacada revistas del mundo, Harvard Internacional Law, publicó en una de sus páginas que la Corte Constitucional de Colombia es la más poderosa del mundo. La publicación resaltó que en vista del autodesprestigio que ha logrado el Congreso de la República, dicha Corte ha tomado funciones que le son propias a este.
Pero se vienen conociendo historias que dejan en entredicho a la justicia del país. Parece que la imposibilidad de callar ha sacado a la luz situaciones como la manipulación criminal de procesos. Por ejemplo, en Paloquemao, en Bogotá, al parecer una decena de funcionarios judiciales, entre ellos dos jueces, direccionaban expedientes y favorecían con beneficios jurídicos a personas investigadas por conductas graves.
También los medios han registrado el accionar de maquinarias politiqueras y de amiguismo entre funcionarios de esta rama, para elegir personas cercanas en cargos. Y son conocidos los escándalos por viajes de descanso o eventos que algunos magistrados han realizado en días de trabajo. ¿Acaso no es nuestra justicia una de las más lentas del mundo? ¿Acaso no hay expedientes de años sin resolverse mientras la gente se pudre en las cárceles?
Los colombianos estamos conociendo cosas aterradoras de algunos jerarcas de la justicia colombiana. El Consejo Superior de la Judicatura, en su mayoría, está cuestionado por sus conductas. La copa rebasó con el indignante carrusel de las pensiones, pero esta semana hubo una nueva inundación: las grabaciones que comprometerían al magistrado Henry Villarraga con el coronel del Ejército Róbinson González del Río, quien tiene un caso en curso por falsos positivos.
Las pruebas de intimidación y precio de la justicia colombiana en los últimos años ya dan para libro. ¿Qué tal el caso del exgobernador de La Guajira, Kico Gómez ? Los que administraban justicia y las autoridades de Policía en esa región conocían sus andanzas criminales; tejió una red tan impresionante, que era gran elector de parientes en la costa. ¿Tenía los ojos cerrados la justicia?
¿Y qué tal el caso macondiano de Pedro Pestana ? Desde hace 6 años fue detenido por sus nexos con paramilitares. Sin embargo, supuestamente ha cumplido su condena en una cárcel del resguardo de San Andrés de Sotavento, pese a que el Consejo de la Judicatura sentenció que el caso es de la Justicia ordinaria y no de la indígena. ¿Por qué sigue entonces en el resguardo?
Pese a todo esto, la imposibilidad de callar ha hecho que ciudadanos valientes levanten su voz. Los medios de comunicación también están reclamando justicia. Esperemos que los que cabalgan sobre ella, no la hagan cojear más.
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