La Fiscalía de E.U. anunció este martes que presentará pruebas en las que supuestos agentes del Gobierno de Venezuela declaran que los 800.000 dólares decomisados en Argentina estaban destinados a la campaña de la actual presidenta de ese país, Cristina Fernández.
El Gobierno de Venezuela estaba tratando de influir en la campaña electoral de Argentina, dijo este martes el fiscal Thomas Mulvihill en la presentación de los argumentos en el juicio del denominado "caso del maletín".
Mulvihill se encargó de presentar los argumentos iniciales en el juicio contra el venezolano Franklin Durán, acusado de actuar en E.U. como agente del Gobierno venezolano en el "caso del maletín" sin haberse registrado como tal.
El abogado defensor Edward Shohat describió, por su parte, a Durán como un empresario que se involucró en el caso por tratar de ayudar a un amigo: Guido Antonini Wilson.
Shohat señaló en varias ocasiones que su defendido es inocente y que no tiene nada que ver con el caso.
Agregó que Durán aconsejó a Antonini Wilson repetidamente que buscara y contratara un abogado en Argentina para enfrentarse a la situación legal y que no confiara en el Gobierno venezolano.
Posible condena
Durán afronta un cargo de conspiración por actuar como agente del Gobierno de Caracas para encubrir el origen y destino de un maletín con 800.000 dólares, decomisado al venezolano Antonini Wilson (con ciudadanía estadounidense) en Argentina en 2007.
El empresario de 40 años también está acusado de ser agente de un gobierno extranjero y, si es declarado culpable, podría ser condenado a un máximo de 15 años de prisión.
Se espera que el juicio a Durán dure entre cuatro a cinco semanas y la Fiscalía Federal planea presentar 30 testigos en el caso.
El maletín se le incautó a Antonini Wilson en un aeropuerto de Buenos Aires y Durán, presuntamente a nombre del Gobierno venezolano, presionó a su compatriota para que mantuviera silencio.
En diciembre pasado, la Fiscalía Federal argumentó que los fondos, según conversaciones grabadas a Durán, supuestamente estaban dirigidos a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
Los Gobiernos de Argentina y Venezuela lo han negado.
