No hay duda en la contundencia y legitimidad del mandato que recibió el presidente electo Juan Manuel Santos de los colombianos -el más votado en la historia de Colombia, hasta el momento-, lo cual le da un margen de maniobra grande para actuar e iniciar la preparación de su gobierno, el primero de la era post-Uribe.
Algunos creen que el gobierno de Santos va a ser una especie de Uribe III; creo que se equivocan totalmente, no sólo porque es un irrespeto con los dos presidentes, sino porque como bien lo subrayó el presidente electo, hay continuidad en las políticas básicas con las mejoras que se consideren, pero cada presidente coloca su propio estilo de gobierno.
Al respecto, es probable que el gobierno de Santos sea uno de menos confrontación y crispación -esto tiene que ver con el talante de cada gobernante-, con relaciones más institucionalizadas tanto con los otros poderes públicos, como con los partidos políticos -incluidos los de oposición- y con los gobiernos de la región.
Probablemente las prioridades del gobierno Santos estarán centradas en las siguientes dimensiones: Uno, en el campo de la economía, no solo mantener índices de crecimiento económico altos, sino definir políticas que prioricen la generación de empleo, especialmente formal y políticas tendientes a formalizar progresivamente el actual empleo que se ha generado. Aquí la prioridad de las políticas públicas debería ser no solamente dar condiciones favorables para la inversión extranjera, sino especialmente para aquellos inversionistas que generen empleo formal. Dos, en las relaciones internacionales, su principal desafío está en recomponer las relaciones con los países andinos -Ecuador y Venezuela- y lograr mantener unas relaciones armónicas y colaborativas con ellos y los demás países suramericanos; en esto es fundamental la persona que nombre en la Cancillería y el margen de maniobra que se le dé a esta institución para que sea la encargada de manejar las relaciones internacionales, despersonalizándolas al máximo.
Tres, recomponer las relaciones con los poderes del Estado, especialmente con la Rama Judicial y lograr unas reglas del juego para que éstas fluyan de manera colaborativa y sin las tensiones que las han caracterizado en el actual gobierno. La creación del Ministerio de Justicia será una ayuda en esta dirección, pero probablemente será necesario promover algunas reformas en la organización de la Rama Judicial y en la política criminal. Cuatro, deberá mantener la política de seguridad democrática, pero hay necesidad de introducir ajustes tácticos y estratégicos que se adecuen a las nuevas condiciones de la confrontación con las guerrillas y especialmente a las bandas emergentes o neo-paramilitares; pero igualmente se espera una prioridad en la política de seguridad ciudadana para las grandes ciudades en coordinación con los gobiernos locales y una política de seguridad fronteriza que reconozca las nuevas hipótesis de amenaza.
Finalmente, deberá precisar la modalidad de las relaciones con los partidos políticos, tanto los de la coalición de gobierno -el Partido Liberal deberá definir institucionalmente su relación con la coalición de gobierno- como los de la oposición -en esto insistimos que será muy importante acordar un Estatuto de la Oposición-, que estará basada fundamentalmente en el PDA y eventualmente el Partido Verde.
Al respecto, el gran interrogante es el futuro del Partido Verde, pues si bien su candidato obtuvo una importante votación, su bancada en el Congreso es muy precaria y en la realidad de la política es en el Congreso donde se juega lo fundamental del control político. Creo que para la dinámica democrática sería muy importante que el Partido Verde lograra consolidarse como fuerza política estable y permanente, pero no hay duda que ese es un desafío que por el momento genera muchas expectativas, pero su conversión en realidad todavía está por verse.
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