Según el Foro Económico Mundial, el marco institucional de un país, entendido este como el conjunto de convenciones y normas que rigen el comportamiento económico de una sociedad, es uno de los principales factores que determinan la competitividad y el crecimiento.
La razón para ello es que las instituciones ejercen una gran influencia sobre las decisiones de inversión de los agentes, la organización de la producción por parte de las empresas y la forma como una sociedad distribuye los beneficios y los costos de la estrategia de desarrollo. De esta forma, el marco legal y administrativo establece el ambiente que facilita o entorpece la forma como los individuos, las empresas y los gobiernos interactúan para generar riqueza.
Para que un país progrese es necesario que, por ejemplo, las instituciones públicas administren los conflictos sociales, repriman la corrupción y el fraude, al tiempo que garanticen la libre competencia. Esto debe ir de la mano de altos niveles de cooperación y confianza entre los ciudadanos, y de buenas instituciones privadas, como la transparencia en el manejo y la operación de las empresas, la administración de riesgos y las buenas prácticas contables y de auditoría.
Según los expertos que participaron en la novena entrega del proyecto Competitividad, un compromiso de todos, que adelanta EL COLOMBIANO en alianza con la Universidad de Antioquia, la Universidad Eafit y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Colombia, a pesar de algunos avances, no se encuentra bien ubicada en el ranking mundial de instituciones públicas. No ocurre lo mismo en el caso de las instituciones privadas donde la calificación es mejor.
El país cuenta con unos desarrollos institucionales públicos que, por ejemplo, permiten garantizar una gran estabilidad macroeconómica. Esto es resultado, en buena parte, de los avances logrados en la Constitución de 1991 la cual modificó el funcionamiento del Estado, especialmente a nivel del manejo de la política macroeconómica.
Igualmente, a partir de las reformas de la década de los noventa del siglo pasado, el sector de servicios públicos sufrió una gran transformación. Así, se crearon y conformaron las comisiones de regulación; se sanearon financieramente las empresas públicas prestadoras de estos servicios; y se dio vía libre a la competencia y a la participación privada en la provisión de los servicios públicos.
Como resultado de estas medidas se aumentó de manera notoria la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios públicos, se logró que la estructura tarifaria respondiera a los costos de provisión, que hubiera más diversificación de productos ofrecidos, que se crearan mercados de futuro en el sector eléctrico y que la carga fiscal del Estado se redujera significativamente.
Igualmente, gracias al adecuado marco regulatorio y de supervisión con que cuenta el sector financiero colombiano y a las medidas adoptadas en su momento, relacionadas éstas con el riesgo de liquidez del sistema financiero y el fortalecimiento de provisiones, el país pudo afrontar la gran crisis financiera internacional de 2008.
No obstante estos logros, Colombia, si quiere disponer de unas instituciones que faciliten avances significativos en materia de competitividad y prosperidad -como es el propósito de la actual Administración- tiene que emprender, a la mayor brevedad posible, inmensas tareas en el campo institucional. Entre ellas se encuentran la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento y la eficacia de la justicia, un adecuado régimen de competencia y una mayor eficiencia del aparato público.
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