Las capturas que hoy llenan de orgullo a miembros del Gobierno, la Fiscalía y las Superintendencias, tratan de expiar sus culpas por una reacción tardía.
DMG grupo Holding S.A. (David Murcia Guzmán) llevaba rampante tres años creciendo por el país captando dineros de personas que recibían muy buenas utilidades y vendiendo-regalando electrodomésticos, productos y servicios al mejor estilo de concurso televisivo de los noventas.
Pacheco, Jota Mario y Gloria Valencia vendrían siendo elitistas y usureros porque regalaban premios a los que lograban llegar a sus concursos, pero David Murcia Guzmán tenía plata para darle un televisor, una nevera, una licuadora o un viaje a Madagascar a muy buen precio, a cualquiera que fuera a matricularse en su "religión" mercantil.
Pero el problema no era ese. El quid del tumbe fue que DMG se hacía llamar una empresa que manejaba simple publicidad voz a voz, pero que tenía un propietario viviendo en Panamá, con yates, aviones, carros de gama alta... altísima.
Sin embargo, en medio del juego de la papa caliente entre la Fiscalía, la Superintendencia Financiera, el DAS, la Policía y cuanto organismo que debió haber capturado a los responsables de estos sospechosos negocios o haber intervenido a tiempo el fenómeno que tenía a cientos de miles de colombianos haciendo fila por dinero y prebendas fáciles, una respuesta fue la que más chilló en los oídos colombianos.
El 14 de noviembre, en pleno apogeo de la "decretitis" gubernamental, del derrumbe de las pirámides y de la creciente crisis social, la Fiscalía General de la Nación respondió a las versiones del director (e) del DAS, Joaquín Polo, quien dijo que desde agosto de 2006 le había pasado evidencias que comprometían a David Murcia Guzmán y a su esposa con los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La Fiscalía, específicamente la Unaim (Unidad Nacional para la Extinción de Dominio), dijo que tenía abiertos procesos contra David Murcia Guzmán, pero que no tenía suficiente evidencia para capturarlo.
Sólo hasta el pasado martes 18, cuando el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán dijo en una rueda de prensa que ya tenía suficientes evidencias contra DMG por lavado de activos, se procedió a emitir las órdenes de captura, aún cuando había antecedentes de decomisos multimillonarios de efectivo en Tunja y Manizales, o cuando el 18 de agosto de 2007 encontraron en La Hormiga (Putumayo) 6.509 millones de pesos.
Desde este hecho, la Fiscalía General tuvo información para intervenir a DMG, pero sólo un año después se valoraron todos los indicios que existían de las actividades ilegales de esta compañía.
Esta fue la razón por la que el presidente Álvaro Uribe se mostró molesto y asumió las responsabilidades del caso, frente a la intervención tardía y paquidérmica de los organismos de control e investigación del Estado, que cuando tenían una empresa visiblemente sospechosa, con enormes filas de gente a su entrada, con actividades ilícitas y con evidencias claras de sus maniobras legales para mutar su registro mercantil, no actuaron a tiempo.
¿Será evidencia?
El trabajo periodístico no se asemeja al investigativo de un agente judicial, porque sus valoraciones son distintas y porque la labor de los medios no es encontrar pruebas para juzgar personas naturales o jurídicas.
Pero la excusa de no tener información clara sobre posibles actividades ilícitas del Midas de Putumayo, parece inverosímil a los ojos de cualquier lector desprevenido y sin el acartonamiento y demás procedimientos del sistema judicial.
En un documento conocido por EL COLOMBIANO, Nidia Rosero, una caleña de 50 años, presentó entrevista el 21 de agosto de 2007 en el búnker de la Fiscalía de Bogotá en la que explicó el origen de los 6.509'330.000 pesos incautados el 19 de agosto en La Hormiga y que fueron presentados como dinero del narcotráfico y de las Farc.
Esta señora, propietaria de los supermercados La Subasta en Putumayo y con sede principal en Orito, fue contactada para que ayudara a expandir a DMG, y era la destinataria del millonario botín decomisado.
Nidia Rosero fue contratista para suministrar víveres y alimentos, algunas veces de solo palabra, de Ecopetrol, la Policía, casinos de alimentación petroleros y del programa de erradicación manual de coca en este departamento limítrofe con Ecuador.
En su declaración, Rosero explicó que el dinero era un pago de David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, para que comenzara a expandir las actividades de DMG en Sibundoy, Mocoa, Villagarzón, Orito, Puerto Asís y La Hormiga.
El pacto se había realizado el 13 de agosto, en una casa bogotana llena de escoltas y con la presencia de David Murcia y de su cuñado, William Suárez Suárez, aquel personaje que manejaba desde Putumayo los dineros que se giraban, sospechosamente, vía bancaria, al Eje Cafetero, Panamá y hasta México.
Cuando Rosero dijo en la Fiscalía que iba a reclamar el dinero y que iba a pedir que dejaran en libertad a Gustavo Adolfo Terán Púa y a su yerno Francisco Adrián Benavides Sanseviero (quienes iban en la camioneta con el dinero), también explicó que David Murcia y William Suárez se harían responsables de la plata y que ellos le habían dicho que "mostrara en la Fiscalía todos los documentos que le habían enviado" para sustentar la plata y que ellos se responsabilizaban por la misma.
EL COLOMBIANO publicó entonces, y reiteró el 7 de febrero de 2007 que dichos dineros pasaron a la Dirección Nacional de Estupefacientes, tras aplicar la extinción de dominio, y que cuando estos fueron incautados, iban en costales marcados en su exterior con logotipos de "Acción Social de la Presidencia de la República".
¿Posible corrupción?
El embrollo por este decomiso no sólo se queda en que existían suficientes pruebas de que era plata de David Murcia, que era transportada en bolsas con logotipos oficiales y que él mismo se responsabilizó por estos dineros.
Un elemento adicional que genera igual preocupación es que mientras siempre se dijo que eran 6.509 millones de pesos los decomisados, DMG (empresa que reclamó el dinero en la Fiscalía antes de su extinción de dominio), Nidia Rosero y cifras que reposan en los expedientes del hecho notifican que fueron 7.370'000.000 de pesos los que iban a ser entregados a la dueña del supermercado y distribuidora La Subasta.
Cabe anotar que sólo se le hace la extinción de dominio a dineros o bienes que se comprueban son resultado de una actividad ilegal. He ahí otra inconsistencia para justificar la "falta de elementos" para detener a Murcia.
La confusión aumenta cuando el mismo fiscal Iguarán dijo esta semana que la investigación que dio con la captura de Murcia en Panamá y la intervención a DMG, llevaba "14 meses (...) cuando se hace una incautación de 7 mil 370 millones de pesos en La Hormiga".
Es decir, la Fiscalía ahora dice que sí eran 7.370 millones, cuando en "el acta del día 19 de agosto de 2007, a las 18:45 horas, el total de dinero incautado corresponde a 6.509'330.000 pesos". ¿Será que los 860 millones de pesos que faltaron ya aparecieron, como para que el Fiscal reconozca la nueva cifra, o se trata de olvidar que desde un principio hubo una supuesta desaparición de dinero sucedida el mismo día de la incautación?
Atando cabos
Con este panorama, en donde los detenidos en Putumayo por el dinero siguen encarcelados y desde un principio la Fiscalía estableció que la plata era fruto del narcotráfico (o de las Farc o del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco"), resulta curioso que solo después de un año, cuando la crisis social de las pirámides explotó, el Presidente tuviera que hacer por decreto y presión gubernamental lo que la Fiscalía y la Superintendencia Financiera debieron hacer desde tiempo atrás.
La Fiscalía, después de la captura de Murcia, dice que se tiene informaciones de los ilícitos de este personaje y de su familia, pero hace un año también lo sabía y, al parecer, no hicieron nada visible.
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