El hacinamiento carcelario es otra vergüenza nacional, hay que evitarlo, hay que combatirlo, es amoral, es deprimente y pernicioso porque afecta al individuo en lo más profundo de su ser; pero cualquier política o estrategia que se implante no deberá estar nunca en detrimento de la justicia y de las penas que han sido asignadas por los jueces a los individuos que infringen la ley y que deben cumplir estrictamente como fueron falladas.
La legislación existente contempla que por cada dos días de trabajo en la cárcel, el recluso rebaja un día de condena. Inicialmente esto está bien, pero ¿Quién controla? ¿Qué personas y con qué criterio otorgan este y otros beneficios que brinda la ley? ¿Estarán o no sujetos estos funcionarios penales a sobornos o chantajes?
Para esta situación y muchas otras en el país existe un dicho de constante aplicación que dice: "Hecha la ley? hecha la trampa".
Comparado con todo lo que veníamos asimilando y digiriendo durante el transcurso del año, atípico por el dramatismo manifiesto en cada acontecimiento, como los "falsos positivos" que bajaron al Ejército Nacional del pedestal en que se encontraba, la "parapolítica" que involucra ya a más de una tercera parte del Senado y a más del quince por ciento de la Cámara, los siniestros visitantes a la Casa de Nariño, directores de fiscalías corruptos, amigos del gobierno cuestionados por actos que no conllevaban transparencia y el escándalo financiero de Murcia y compañía -para mencionar unos pocos-, a este otro hecho que registro hoy solo se le podría dar el rótulo de "pequeño escandalito".
Quiero referirme a los informes acomodados que han dado funcionarios del Inpec sobre trabajos y estudios que han realizado la mayoría de "padres de la patria" que pagan sus penas por parapolítica. Inconsistencias de todo tipo acompañan esas declaraciones, no cuadran los tiempos que les tienen en cuenta como beneficio por estudiar y trabajar y que no deben exceder de ocho horas diarias cruzados con los largos períodos dedicados a atender visitas de familiares y amigos. Aprovechando su reconocido "gusto" por la cocina, un senador descuenta tiempo por "manipulación de alimentos". Qué forma tan aberrante de burlar los dictámenes de la ley.
Y esto no es de ahora; recordemos que desde el año 1997 está privado de su libertad el ex ministro Fernando Botero Zea por el escándalo del 8000. El abogado reclamó la libertad de su cliente porque había cumplido más de las tres cuartas partes de su condena, las cuales acompañó de profundos estudios y penosos trabajos. ¡Ah!, ¡Increíble!... se le tuvo en cuenta la práctica del tenis de campo.
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