El año se inicia con la excelente noticia de que el aumento de precios al consumidor de 2009 fue de 2 por ciento, una cifra sin precedentes recientes. Así mismo, el índice de precios al productor registró una reducción; es decir, una variación de -2,2 por ciento. En el sentido más amplio, éste es un triunfo de toda la sociedad: ganan los consumidores, los empresarios, los inversionistas, los trabajadores y los pensionados.
Disponer de una moneda sana crea confianza en la economía, dinamiza el mercado de capitales, estimula el ahorro, valoriza los activos, tanto reales como financieros, y crea nuevas posibilidades de inversión.
En sentido estricto, el mérito principal por este logro le corresponde a la autoridad monetaria. Los economistas profesionales del Banco de la República y su Junta Directiva hicieron el diagnóstico correcto y actuaron en forma oportuna, con criterio técnico, durante las distintas fases del ciclo económico. Eso fue posible, aún a pesar de la inconformidad oficial, gracias al arreglo institucional que consagra la independencia del banco central. Por ese motivo puede afirmarse, sin recurrir a la hipérbole, que el beneficio de una moneda sana es nada menos que un triunfo de las instituciones.
Mientras Colombia cosecha los resultados de tener una autoridad monetaria independiente, es posible observar, como en un libro de texto, lo que sucede en países cuyos bancos centrales han sido atropellados por sus respectivos gobiernos.
En Venezuela, donde el gobierno puede hacer uso de parte de las reservas internacionales del banco central a su antojo, la inflación anual está entre las más altas del mundo. Hay una fuga de la moneda nacional hacia el dólar, que se intenta contener con el control de cambios. El bolívar es, en la actualidad, una moneda débil, con bajo poder adquisitivo y poca aceptación en el exterior. En diciembre, la cotización del bolívar en las casas de cambio de Cúcuta era de veintiún centavos de peso. Es decir, se requerían casi cinco bolívares para obtener un peso colombiano.
En Argentina, los esposos Kirchner acaban de provocar una crisis institucional al intentar destituir a Martín Redrado, presidente del banco central, por abstenerse de poner las reservas internacionales al servicio de la irresponsabilidad fiscal del gobierno. El detonante de la crisis es un decreto presidencial, a espaldas del Congreso, que ordena trasladar unos 6.500 millones de dólares de las reservas internacionales que administra el banco central a un fondo para el servicio de la deuda externa.
Esa maniobra le permitiría al gobierno incrementar el gasto público, para contrarrestar su impopularidad y apoyar las pretensiones reeleccionistas de Néstor Kirchner. Redrado, cuyo período estatutario vence en septiembre, se niega a renunciar. De acuerdo a la legislación argentina, el banco central no está sometido a órdenes del poder ejecutivo. El presidente de la entidad sólo puede ser destituido por el Congreso, en caso de incurrir en una falta grave.
El deplorable irrespeto a las instituciones de los esposos Kirchner debilita aún más la confianza interna y la credibilidad internacional de la Argentina.
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