"La sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados a las leyes", Solón.
En medio de los escándalos de la parapolítica, del fuerte debate del Ejecutivo con las altas cortes y con la oposición, y a escasos dos meses de haberse posesionado, el ministro del Interior radicó en el Senado de la República un proyecto de reforma a la justicia, diciendo que busca fortalecer la independencia y autonomía de la rama, simplificar trámites y descongestionar los despachos judiciales.
Al leer el proyecto presentado se encuentra que el grueso de la reforma se reduce a temas como: restablecimiento de la cooptación para la elección de magistrados, con excepción de los integrantes de la Corte Constitucional; supresión de la elección por las cortes de funcionarios que no pertenecen a la justicia; adopción de la doble instancia en los procesos relacionados con la investidura de los congresistas; separación de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento de funcionarios con fuero; otorgamiento de facultades a la Corte Constitucional para servir de juez de control de garantías en procesos adelantados contra los congresistas; prohibición de la reelección de magistrados y de su elección en otras corporaciones; obtención de ternas para procurador, contralor, defensor y auditor general por concurso de méritos, etc.
Proyecto que ha generado toda clase de refutaciones y aprensiones en diversos sectores de opinión que lo considera inoportuno, dada la actual coyuntura que vive el país de descomposición institucional, máxime que de la misma se desprende un asentado propósito burocrático y funcional, que no se compadece con la preocupación prioritaria del ciudadano del común, que no se haya satisfecho por el servicio que actualmente presta el sistema judicial, dada su inercia que permite la impunidad en desmedro de la seguridad ciudadana, que cada día, desafortunadamente, se ve más sometida a los vejámenes de la delincuencia.
Lo que el ciudadano requiere no es una reforma judicial coyuntural, sino una reforma sustancial que le garantice la opción de acudir a la justicia en igualdad de condiciones, con la seguridad de que va a encontrar normas claras, funcionarios probos, procedimientos ágiles y sanciones ejemplarizantes.
Para tener una justicia fortalecida, que combata vigorosamente y con transparencia a las organizaciones criminales, se debe contar con un buen presupuesto, con personal selecto, suficiente y capacitado que devengue salarios dignos y con una mínima seguridad que le garantice la vida, dotado de equipos y de medios científicos y tecnológicos de última generación, ya que la precariedad que persiste en los despachos judiciales para cumplir con sus obligaciones, contribuye en mucho a la inoperancia de la justicia, pero, desafortunadamente, nada de eso se va a superar porque se incremente la edad de ingreso y retiro de los magistrados, porque se cambie la manera de elegirlos o porque se redistribuyan sus funciones.
Ahora que el tema de la justicia se encuentra en discusión en el Congreso de la República, se constituye en una excelente oportunidad de reivindicación frente a la opinión de este cuerpo colegiado, siempre y cuando aborde su estudio con la seriedad que el asunto amerita, desprovisto de toda altivez, sin afanes revanchistas y mejorando la propuesta con políticas preventivas de los delitos y en la búsqueda de hacer más asequible y operante el sistema judicial para el logro del bien común.
Sería inaceptable que la Rama Judicial, con su conocimiento y experiencia se abstuviera de intervenir y enriquecer el debate.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
