Por estos días se habla mucho de la Corte Penal Internacional. Y eso no está mal; aunque vale advertir que no todo lo que se dice es correcto y habría que matizar las expectativas que se tienen en relación con ésta. Habrá tiempo -y quizás mucho- para hablar de la CPI. Por el momento, deberíamos volcar la mirada hacia lo nacional y examinar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, el cual está recorriendo caminos interesantes en la lucha contra la criminalidad de sistema.
La criminalidad de sistema se refiere a la actividad delictiva que es cometida bajo manto oficial, sea como resultado de una política o una práctica. Se trata de criminalidad políticamente condicionada que se aprovecha de las estructuras de poder para perpetrar los crímenes y luego garantizar su impunidad. Esta criminalidad se inserta o se aprovecha del poder, haciendo muy difícil su persecución y sanción.
Frente a los crímenes de sistema, los aparatos de justicia están llamados no sólo a establecer responsabilidades individuales en hechos aislados de atrocidad, sino a determinar el continuo de poder entre determinadores y seguidores, y explicitar las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada.
No hay que ir hasta La Haya para encontrar miradas consistentes con este enfoque. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en varias decisiones recientes, ha dado pasos importantes para incorporar esta mirada a la administración de justicia penal en Colombia.
En una reciente decisión relativa a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la Corte sentó una importante posición sobre cómo se debe investigar y juzgar la actividad de los grupos paramilitares. La Corte manifestó que "la construcción de la verdad histórica debe tener como punto de partida el esclarecimiento de los motivos por los cuales se conformó la organización ilegal, las cadenas de mando, el modelo delictivo del grupo, la estructura de poder, las órdenes impartidas, los planes criminales trazados, las acciones delictivas que sus integrantes hicieron efectivas para el logro sistemático de sus objetivos (?)".
En una decisión posterior, en esta ocasión relativa a la parapolítica, la Corte decidió conservar la competencia para investigar y juzgar a los congresistas, entre otras razones, porque reconoce que éstos "pueden ostentar, sin duda, poder político (?) capaz de incidir en la autonomía de los funcionarios judiciales". Determinando que la Corte Suprema es el juez natural de los congresistas, la Sala de Casación Penal busca garantizar la independencia del poder judicial y avanzar los fines del Estado de derecho.
Igualmente, la Corte ha incursionado en elementos del derecho penal, como la autoría mediata y los aparatos organizados de poder, que introducen figuras a la administración de justicia penal en Colombia que pueden facilitar la debida persecución de los crímenes de sistema, incluyendo la persecución de los máximos responsables y la confrontación de prácticas que tienden a la impunidad de los "intocables".
La atención no debería estar sobre lo que va a hacer (o no) la CPI; sino sobre lo que deben hacer y cómo lo deben hacer las autoridades nacionales. Deberíamos tomarnos en serio las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y avanzar en la lucha contra la impunidad.
Colofón : Al inicio de noviembre de 2009, no pasa nada extraordinario en relación con la CPI y Colombia. Lo único que acontece es que expira una declaración colombianísima al tratado que creó la CPI en relación con crímenes de guerra. Pero, el efecto real es limitado. Las obligaciones del Estado colombiano en relación con los crímenes de guerra son las mismas el próximo 1 de noviembre que hace 15 años. Las autoridades nacionales están bajo la absoluta obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los crímenes internacionales que se hayan perpetrado en territorio nacional, incluyendo los crímenes de guerra. Además, recuerden que si la CPI hubiera querido asumir competencia sobre la situación colombiana, lo hubiera podido hacer por los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado desde noviembre de 2002 y están en la impunidad.
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