La sabiduría popular dice que los pueblos mineros se convierten en pueblos malditos. A pesar de que la minería genera recursos importantes, casi siempre estos pueblos están sumidos en la pobreza, tienen fuertes problemas sociales, su medio natural se encuentra degradado y la presencia del Estado es poca.
Esta reflexión no se centra en la discusión radical de minería contra medio ambiente. En un país como Colombia, los recursos minerales son tan abundantes que es difícil que la vocación minera se ignore. Sin embargo, es importante considerar que algunas actividades mineras son incompatibles con la preservación ambiental, poniendo en riesgo la riqueza en biodiversidad y agua del país, dos recursos que garantizan la calidad de vida a largo plazo.
Un país que se identifica con la frase “Colombia Minera, Desarrollo Responsable”, que se compromete con el desarrollo de un sector que no solo considere lo económico, sino la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, se enfrenta a un reto interesante, considerando que es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo.
El reto de saber en qué zonas del país es posible realizar actividad minera, va más allá de las tradicionales técnicas de exploración asociadas únicamente a la disponibilidad de un recurso. Es preciso asegurar un cumplimiento estricto de la ley, basado en altos estándares de calidad social y ambiental acompañado por el uso de tecnologías de punta.
A la hora de extraer, la eficiencia y la limpieza de los productos debe ser un estándar. Hay que invertir en tecnología para hacer mejor minería.
Se requiere una orientación clara de cómo hacer minería de forma responsable, respetando el ambiente y atendiendo integralmente los impactos que se generen, considerando la cadena completa de un proyecto minero. Para esto no hay una regla única. Cada caso tiene que analizarse individualmente, involucrando a los actores afectados y pensando qué es lo mejor para el municipio o región, más allá del desempeño financiero de una compañía.
Además de un código minero estricto y reglas de juego claras, se requiere dotar a las instituciones responsables de las licencias ambientales de una alta capacidad técnica y de la suficiente independencia, que impidan dar paso a la corrupción. La presencia de una veeduría ciudadana responsable del control gubernamental representado por instituciones fuertes y capacitadas, favorecería el cumplimiento de los compromisos acordados de una explotación racional, maximizando el beneficio común.
Según informe reciente del Ministerio de Minas y Energía, solo el 34,8 por ciento de las 14.357 Unidades de Producción Minera (UPM) pagan regalías y el 65 por ciento no lo hacen. Tan solo 3.326 aportan este dinero y que cuentan con un título minero. La apuesta final puede ser la más difícil: lograr que la riqueza finita de las minas se reinvierta de tal forma que se pueda generar valor agregado renovable y sostenido en las regiones. De otra manera, pasaríamos de ser un país atractivo a una región perdida en el olvido.
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