Cuando todavía está caliente la polémica por el cambio del texto del Referendo del Agua en el Congreso que determinó entre otros, que este no es un derecho fundamental, la Defensoría del Pueblo presentará hoy un informe en el que además de ratificarlo como un derecho humano advierte la grave situación que atraviesan 14,4 millones de colombianos que viven en riesgo de sufrir escasez del líquido.
El reporte que entregará el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, presenta situaciones difíciles de entender en pleno siglo 21. Por ejemplo, que el 52 por ciento de los municipios del país no cuenten con servicio de acueducto las 24 horas del día.
Una de estas ciudades es Sincelejo (Sucre), considerada por el presidente Álvaro Uribe como la que tiene el "servicio de acueducto más frágil del país".
El 5 de marzo se inauguró el servicio de acueducto las 24 horas en ocho barrios. Esto beneficia a cerca de 11.000 de los 300.000 habitantes de la capital de Sucre.
Pero hay más. En todo el país solo 17 ciudades tienen coberturas óptimas en acueducto y alcantarillado. El reporte señala que 9.022.276 personas no tienen acceso a acueducto y 13.541.532 personas no tienen acceso al alcantarillado.
Problema de clase
Las zonas rurales y los estratos bajos son los que sufren por la falta de agua. Los campesinos, los indígenas, los raizales y los afrocolombianos son los grupos que registran menores coberturas.
El informe de la Defensoría señala que mientras una persona del estrato 1 utiliza en promedio 103 litros de agua al día, una persona de estrato 6 consume tres veces ese volumen.
En el campo la situación es peor. En 222 municipios la cobertura de acueducto en el sector rural no supera el 30 por ciento.
De alcantarillado, ni hablar. En 593 poblaciones la cobertura de alcantarillado en la zona rural no llega al 30 por ciento.
La Superintendencia de Sociedades había advertido de la fragilidad de los acueductos durante la temporada invernal, los cuales podían colapsar con las lluvias y avalanchas.
El caso más reciente se presentó en el corregimiento San Juan, de Puerto Libertador, Córdoba, donde más de 1.500 personas perdieron sus enseres y, además, quedaron sin el servicio de agua.
Es un derecho fundamental
La Defensoría del Pueblo insistirá en su informe de hoy en que el agua es un derecho humano.
Para ello se ampara en un dictamen de la Corte Constitucional que lo ha declarado un derecho fundamental conexo a otros como la vida digna, a la salud, el debido proceso y el medio ambiente.
También recordó que Colombia es uno de los países signatarios del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que entró en rigor en 1976 y fue ratificado en la Asamblea General de la ONU. En él se establece que el agua es un derecho humano.
Por eso, la Defensoría pide a los organismos colombianos que fijan la política pública en este sentido darle un enfoque de derechos humanos.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
