Tres pestes: violencia, narcotráfico y corrupción, y un problema estructural: el desempleo, han azotado a este país nuestro. La violencia y el narcotráfico, siameses, mucho han remitido en la última década. Hay que agradecerlo a la reforma del Ejército del general Mora, al Plan Colombia y a la seguridad democrática.
Pero muy poco se ha hecho contra el desempleo, que es de dos dígitos aun en tiempos de crecimiento. Y nada, absolutamente nada, contra la corrupción. Y ahí va la plaga, siempre presente, al acecho, mimetizándose de acuerdo con las circunstancias y los escenarios. Y no disminuye, aun cuando se avance en el combate de algunos de sus factores de propagación.
La presencia de grupos armados ilegales es uno. Podría pensarse que el debilitamiento de su fuerza y su cobertura territorial se traduciría en una reducción sustantiva de la corrupción en las áreas liberadas. La lógica señala que si baja la capacidad de cooptar y amedrentar a las autoridades locales, si afloja la presión para desviar recursos, debería disminuir la corrupción. Pero la realidad es tozuda: no es lo que ha sucedido. Los datos muestran que en muchos de los municipios que fueron objeto de la intimidación de la guerrilla y los paramilitares, y que hoy no lo son, la corrupción sigue rampante. ¿El motivo? Una vez que son rotas las barreras éticas que contienen la conducta del ciudadano y lo invitan a respetar la ley y el erario público, es muy difícil recomponer su comportamiento. La desaparición de la presión externa que rompe el dique no se traduce en que las aguas vuelvan a la represa. Lo mismo ocurre con el narcotráfico. Su influencia corruptora genera una cultura de ilegalidad que trasciende el delito.
Ahora bien, la corrupción no necesita de actores violentos para nacer y expandirse. Lo que ocurre con Bogotá, donde guerrilla y paras nunca fueron un factor determinante de poder, muestra que la plaga es feroz. Y que aparece a la menor oportunidad. Hay que ver lo que sucede hoy en la capital, después de las administraciones transformadoras de Peñalosa y Mockus y cuando se creía que el salto a la modernidad y a una nueva cultura ciudadana no tenían reversa. Las acusaciones de estos días muestran una trama de política y corrupción escandalosa que involucraría al hermano del alcalde Moreno y a altos funcionarios de su administración. Las cabezas de los organismos de control están seriamente cuestionadas y no tienen credibilidad. El Personero, indígena y ex constituyente, está investigado por recibir recursos de la infame DMG. Al Contralor liberal lo acusan de hacer parte de la trama y es objeto de vergonzosas conversaciones entre senadores y contratistas. El control político en el Concejo es inexistente porque de la coalición de gobierno hacen parte casi todos los partidos, incluyendo aquellos que se enfrentan en el Congreso. La política siempre es local y dinámica, dirán algunos, y eso explica que aunque en lo nacional el Polo y la U se saquen los ojos, en Bogotá hayan estado cogiditos de la mano. Y los verdes, que deberían capitalizar la situación para promover su discurso de moralización, están mudos porque temen que algo salpique a la administración de Lucho Garzón, elegido amarillo y hoy feliz presidente de la coalición de ex alcaldes. Por eso estamos como estamos.
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