El investigador Steven Dudley consideró en su libro "Armas y urnas: historia de un genocidio político", que ser miembro de la Unión Patriótica constituyó en los 80 y los 90 del siglo pasado, una de las tendencias ideológicas más peligrosas de Colombia.
Lo fue: medios periodísticos hablan de entre 3.500 y 5.000 militantes asesinados por escuadrones de extrema derecha (dirigidos e integrados por paramilitares, narcotraficantes y algunos agentes de las Fuerzas Armadas). Oficialmente se reconocen 1.598 víctimas.
El nacimiento formal de ese partido político fue en 1984, en la Uribe, Meta, mientras las Farc dialogaban con el gobierno de Belisario Betancur. La intención era participar en las elecciones de 1986.
Durante la mayor parte del siglo XX, los partidos tradicionales (Conservador y Liberal) absorbieron el poder político colombiano y con ello el control de las instituciones del Estado. La UP, como un movimiento alternativo, comenzó a arañar algunos espacios de representatividad política y de cargos de elección popular en varias regiones del país: Urabá, Magdalena Medio, Nordeste de Antioquia, y Caquetá y Arauca.
Como en su origen fue vinculada a los diálogos de paz con las Farc, eso le valió a la UP, a los ojos de sectores extremistas, ser considerada parte del "enemigo interno", ya que veían una línea difusa entre su proselitismo electoral y la actividad armada de la agrupación de la cual surgió. Se desató, desde entonces, una masacre sistemática y continuada de sus líderes.
Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, alternativas presidenciales del movimiento, o José Antequera, secretario general de la UP, cayeron en acciones sicariales apoyadas, según investigaciones judiciales, por agentes de la seguridad estatal.
Ahora el Consejo de Estado, considerando que aquel exterminio erradicó la militancia y las actividades del movimiento, decidió devolverle la personería y su vida jurídica.
Esa decisión le envía al país un mensaje que abre otra puerta a la diversidad ideológica, en el contexto de las conversaciones con las Farc, en Cuba, para terminar el conflicto armado y dar cabida a los desmovilizados de la guerrilla en los escenarios de la política nacional, aunque los guerrilleros digan tener otras alternativas partidistas.
Si bien recordamos con ánimo de condena moral aquellos asesinatos calculados y masivos contra la UP, también queremos enfatizar en que esta debe ser una oportunidad para extirpar dos opciones aborrecibles: la lucha de clases y la combinación de todas las formas de lucha, como instigadoras de un país polarizado y fragmentado. Odioso y anacrónico. Indeseable.
Que esta decisión que abre puertas a una izquierda democrática y pacífica, esto es moderna, no se dilapide en coyundas que aten política y armas. Esta oportunidad debe reafirmar las ideas y el debate, las oposiciones y discrepancias, sin que haya a la sombra grupos armados ilegales que pretendan defender o atacar las orillas de los opositores.
Aunque el diálogo en Cuba apenas logra acuerdo en un punto de la agenda y el resto se encuentra en estado embrionario, creemos que esta decisión del Consejo de Estado, tan política como jurídica, da oportunidades de mayor participación electoral, de tolerancia y afianzamiento de nuestro modelo democrático.
Si la UP regresa a la arena política y electoral debe servir para crear anticuerpos contra la violencia. Y ojalá le traiga salud y desarrollo a un pensamiento político más moderno.
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