Los enemigos del proceso de paz se mueven al vaivén de las circunstancias entre dos premisas contradictorias: (1) que el gobierno le está entregando el país a las Farc y (2) que los acuerdos que se han logrado en el marco de las negociaciones son inocuos.
Como es obvio, las dos no pueden ser ciertas a la vez; pero ninguna es cierta por sí sola tampoco.
El único punto en la agenda que tiene contenido de política pública sustancial es el de Desarrollo Rural Integral. Los colombianos que viven en las ciudades son en promedio tres veces más ricos que los que viven en el campo. El Estado colombiano está en mora de generar las condiciones para cerrar esta brecha. Hacerlo, con o sin proceso de paz, es una obligación ética, y no hacerlo sería comprometer la sostenibilidad del desarrollo del país en el mediano plazo. Las ciudades no pueden seguir siendo islas de prosperidad en medio de un mar de pobreza.
¿Pero por qué negociar con las Farc la política de desarrollo rural?
El país sin el conflicto armado cosecharía ganancias extraordinarias, y el origen del conflicto armado es el conflicto agrario. Si concertar una serie de medidas necesarias y deseables es suficiente para poner fin a una guerra de 50 años, sería imperdonable tomar la decisión de adoptarlas en solitario y prolongar el desangre. Ese es el valor del acuerdo sobre el primer punto.
Al margen de las reivindicaciones campesinas, las Farc siempre han sostenido un clamor por la ampliación de la democracia. El acuerdo sobre participación en política (el segundo de los cinco puntos de la agenda de diálogo) es un marco importante para lograrlo. Al fin y al cabo, como decía Foucault invirtiendo la frase de Clausewitz, "la política es la continuación de la guerra por otros medios". Preferible ver a los guerrilleros aspirando al Congreso que haciendo terrorismo.
Las jurisdicciones especiales transitorias que se pactaron en el acuerdo no le garantizarán curules a ningún sector político, sino que les permitirá a regiones tradicionalmente vapuleadas por la violencia y marginadas de la institucionalidad gozar de representación parlamentaria.
Los acuerdos sobre los primeros dos puntos de la agenda de negociación representan nada menos que un consenso en torno a los temas que han mantenido al Estado y a la insurgencia en orillas opuestas durante más de medio siglo. ¿Cómo pueden decir que son inocuos; que no se ha logrado nada?
Tengan la tranquilidad de que el pueblo colombiano podrá decidir si acepta o no lo pactado en la mesa de diálogo. ¡No se va a negociar la revolución por decreto…
Los enemigos de la paz se deslizan en medio de diatribas personales, mentiras y premisas falsas. Me pregunto entonces, ¿quiénes son los farsantes?
* Alto consejero para las regiones, del Gobierno Nacional.
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