El gobierno quiere que toda la atención se concentre en las reformas que el Presidente está empujando en el Congreso, para lo cual está haciendo un esfuerzo desmedido de habilitar a un grupo de congresistas que están inhabilitados para votar los cambios que propone porque los pueden favorecer a ellos o a sus colegas. Al parecer, su motivación es mantener intacta su mayoría en el Congreso, que ha estado severamente afectada por la parapolítica, y que es un ingrediente indispensable para lograr la aprobación del referendo.
Esta situación no es muy distinta a la que se presentó cuando el Presidente instaba a los congresistas de quienes se sospechaban vínculos con los grupos paramilitares que siguieran votando hasta que se los llevaran para La Picota. En la política priman las consideraciones pragmáticas, pero sin rebasar las barreras institucionales existentes. En una reciente recopilación de ensayos, el historiador Tony Judt destaca en referencia a los gobiernos de Nixon y de Disraeli, que en un Estado organizado alrededor de una Constitución, "en el que las leyes se derivan de principios generales de lo que está bien y lo que está mal y en el que estos principios están consagrados y protegidos por procedimientos y prácticas acordados, burlarlos nunca resulta a favor del interés de largo plazo del Estado o de sus ciudadanos..." (Reappraisals, The Penguin Press, 2008).
Pero aún si se hace caso omiso de los problemas de legitimidad y credibilidad señalados, las reformas propuestas no entusiasman, no son necesarias, o no son prioritarias. En la reforma a la justicia que propuso originalmente el gobierno es difícil encontrar algo que la justifique, pero si se encuentran iniciativas inconvenientes como la de la cooptación que, a pesar de haber sido puesta ahí como carnada, no ha sido de buen recibo para los jueces como tampoco lo ha sido el resto del contenido. En su versión original parecía que el principal propósito era quitarle a la Corte Suprema la responsabilidad y la autoridad para investigar y juzgar a los congresistas, pasándoselas a la Fiscalía y a un tribunal de menor jerarquía, que no tendrían armas para contener el poder de un Presidente que los enfrentara, como sí las tiene, aunque precariamente, la Corte Suprema.
En cuanto a la reforma política es indudable que no haría daño introducir elementos como el de la silla vacía como factores disuasivos para inducir a los políticos a portarse bien o incentivos para fortalecer a los partidos. Pero como se ha dicho en esta sección, este Congreso carece de legitimidad para hacer esos cambios, menos aún si quedan habilitadas las mayorías por fiat del Presidente. Las reformas que se proponen y discuten no atacan el principal problema de corrupción de la política colombiana que es el clientelismo.
El Gobierno y el Ministerio de Defensa están actuando como si ya las Farc estuvieran vencidas y estuviéramos ad portas del post conflicto. Entonces sobra el referendo, porque lo que necesitamos es un cambio de liderazgo para emprender las reformas que esa situación demanda, esas sí muy necesarias, que ni se están discutiendo. En lugar de mandar militares a Afganistán o a Haití, la cúpula del gobierno actual podría ir a dar cartilla por allá después de agosto de 2010. Mientras tanto aquí se podría iniciar la incorporación de la población rural marginada al proceso productivo, la sostenibilidad del crecimiento y el cambio de la estructura de producción, la institucionalización de la seguridad democrática, la reforma educativa, la ejecución de las obras que nunca se llevan a cabo y tantas otras políticas sociales prioritarias.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
