Lo más curioso de la nueva ley estatal de Florida contra las empresas extranjeras que están haciendo negocios en Cuba no es que sea un artilugio electoral de los legisladores republicanos para ganar más votos cubanoamericanos en esta temporada electoral, ni que va a costar una fortuna en gastos legales antes de que probablemente sea suspendida en los tribunales. Lo más curioso es que ayudará al régimen militar de Cuba.
Antes de entrar en el tema, echemos un vistazo a los hechos. La nueva ley estatal, firmada el martes por el gobernador Rick Scott , prohíbe a los gobiernos locales del Estado contratar empresas que estén haciendo negocios en Cuba o con Siria por valores superiores a un millón de dólares, y prohíbe a los fondos de pensión del estado de Florida invertir en esas empresas.
Los artífices de esa ley me dicen que hay alrededor de 200 empresas extranjeras que podrían caer dentro de una de esas dos categorías, incluyendo al gigante brasilero de ingeniería y construcción Odebrecht USA, que tiene sede en Miami, y cuya empresa matriz tiene una subsidiaria que está haciendo mejoras en el puerto cubano del Mariel.
El congresista federal republicano David Rivera , de Miami, uno de los principales partidarios de la nueva ley, rechazó la crítica de que la nueva ley estatal viola el mandato constitucional según el cual el gobierno federal -y no los estados- deben conducir la política exterior del país, y de que la ley de Florida ahuyentará a los inversores extranjeros.
Rivera me dijo que la nueva ley de Florida no contradice el mandato constitucional, porque según él la ley estatal se refiere al derecho del Estado de manejar sus fondos públicos, y "no tiene nada que ver con la política exterior".
Rivera también desestimó el argumento de que esta ley estatal no tendrá efecto porque será anulada en los tribunales, afirmando que existe un precedente en el que los tribunales federales respaldaron otra ley de la Florida que dispone que las universidades del Estado no pueden usar fondos públicos para organizar viajes a países que figuran en la lista del Departamento de Estado de naciones que apoyan el terrorismo, como Cuba.
La Cámara de Comercio de Florida y otros grupos pro-empresariales han criticado la nueva ley estatal, diciendo que perjudicará el clima de negocios de Florida.
Para mi sorpresa, incluso republicanos cubanoamericanos de alto perfil como J. Antonio "Tony" Villamil , decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Saint Thomas y exsubsecretario de Comercio en la administración de George W. Bush , me dijeron que la nueva ley estatal es contraproducente.
Villamil, quien también ocupó el cargo de director de desarrollo económico de Florida durante la gobernación de Jeb Bush , no ahorró palabras: me dijo que la nueva ley es "una mancha para Florida".
Mi opinión: Esta nueva ley estatal de Florida, si llega a ser puesta en práctica, logrará exactamente lo contrario de lo que se propone. De ser implementada, alentaría a otros estados a aprobar leyes sobre política exterior y comercio internacional.
Si eso ocurriera, no solo haría que la política exterior de Estados Unidos sea aún más dependiente de electorados estatales, sino que alentaría a muchos estados del país a aprobar leyes para darles ventajas impositivas u otros privilegios a empresas con compañías hermanas que hacen negocios en Cuba.
Curiosamente, los octogenarios gobernantes militares de Cuba serían los principales beneficiarios.
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