Aunque la Ley de Garantías comenzó a regir desde el 9 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos podrá continuar inaugurando obras públicas hasta que anuncie si va o no por la reelección, cuyo plazo para informarlo vence el 25 de noviembre.
Así lo manifestó ayer el procurador Alejandro Ordóñez, quien explicó que del 9 al 24 de noviembre el presidente "puede inaugurar obras mientras no confluyan en dichos eventos actividades proselitistas o clientelistas".
En una carta enviada al ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, señaló que en los casos de la entrega o asignación de subsidios o recursos con destino a programas del Gobierno, estos se deben ajustar a la Ley de Garantías.
Aseguró que si el presidente no anuncia su voluntad de mantenerse en el cargo, las restricciones para inauguración de obras públicas para él y su vicepresidente, rigen desde el 25 de enero de 2014.
"En este orden de ideas, la entrega de viviendas no puede hacerse con la presencia de estos candidatos", señaló.
A pesar de esto, el tema sigue sin tener aceptación por parte del Gobierno que ayer anunció que pedirá un concepto al Consejo de Estado.
¿Quiénes se ven directamente comprometidos con la Ley de Garantías? ¿cuál es su verdadero impacto en las regiones? ¿La contratación pública se ve paralizada?
Aunque si bien es cierto que la aplicación de la norma compromete a todos los entes y pone en vilo las actuaciones del Presidente, los alcaldes y gobernadores son los que hasta ahora se ven más restringidos con la entrada en vigencia de la ley porque no podrán celebrar más convenios interadministrativos y tampoco, al igual que el Gobierno Nacional, podrán contratar de manera directa.
Por eso no resultó extraña la protesta de 25 alcaldes que bloquearon la puerta del Ministerio del Interior, la semana pasada, para exigir la firma de convenios antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, ya que se estaban quedando sin la posibilidad de llevar obras y proyectos productivos para sus regiones.
El ministro del Interior Aurelio Iragorri dijo en su momento que entiende la preocupación de los alcaldes y que existe la voluntad política para sacar adelante estos proyectos. "Se va a priorizar el trabajo para los municipios cuyos alcaldes estuvieron protestando ya que queremos que los proyectos se hagan, por lo que vamos a buscar los mecanismos en cumplimento de la Ley de Garantías", dijo el ministro
Por eso, para Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, el impacto real de esa ley es que paraliza "la gobernabilidad local porque muchos de los proyectos que se ejecutan en los municipios se logran con buena parte de recursos que provienen de otros fondos. Como no se pueden hacer convenios interadministrativos, tampoco contratación directa, por eso se restringen las posibilidades de trabajar como debe ser".
Argumentó que por la aplicación de esta ley, queda demostrado que cuatro años son ineficientes para que un gobernante cumpla con sus compromisos y pueda hacer algo por el municipio.
Frente a la maratón de convenios que se firmaron a última hora, Toro explicó que no hay visos de corrupción, pero sí de improvisación y de irrespeto con los alcaldes del país.
En ese mismo sentido, Fredy Ortiz, alcalde de Heliconia, Antioquia, afirmó que esta situación evidencia que los alcaldes se están quedando sin tiempo para ejecutar sus planes de desarrollo.
"El primer año de gobierno de un alcalde se pierde porque se están construyendo los planes de desarrollo. Inmediatamente superamos el plan de desarrollo entramos el segundo año de gobierno y luego empieza la Ley de Garantías para las elecciones".
A renglón seguido, manifestó que si bien es cierto que pueden licitar, aclaró que "al no poder firmar contratos interadministrativos, no tendré recursos y entonces, ¿qué voy a licitar?. Hay alcaldías que no necesitan esos recursos, pero el 80 por ciento de los municipios de Colombia son de sexta categoría y viven de la cofinanciación de sus proyectos".
Nelson Leyton, secretario de Hacienda de la Gobernación de Nariño, calificó como "complejo" todo este proceso, sobre todo con aquellos proyectos que no están planificados. "La ventaja de la Ley de Garantías es que los procesos licitatorios se mantienen y eso nos permite seguir trabajando. Básicamente lo que más se ve afectado son los convenios interadministrativos los cuales se hacen con los municipios y en los cuales hay cofinanciaciones de la Nación, del Departamento y del Municipio que sí se ven afectados. Esto hace que se retrase todo hasta junio del próximo año, en caso de que se presente una segunda vuelta presidencial".
A pesar de esta situación, para el funcionario es una exageración decir que la Ley de Garantías paraliza la contratación al insistir en que tanto las gobernaciones como las alcaldías deben tener sus "procesos planificados. Insisto, todo lo que tiene que ver con licitaciones y con selecciones abreviadas, se mantiene. Sí nos vemos afectados con los convenios interadministrativos, pero es manejable".
Por último, María Anayme Barón, secretaria de Hacienda de Boyacá, manifestó que en su despacho les tocó, literalmente, correr ya que debieron "dejar muchos temas organizados relacionados con convenios de salud y educación. Los convenios con los municipios siempre son una gestión maratónica, pero estábamos preparados". Dijo que la Ley de Garantías no se debe mirar como la parálisis en la contratación porque "no es así. Lo que pasa es que hay caos, porque los convenios que se firmaban en enero tocó firmarlos ya".
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