Varias lecciones dejó para el país la declaratoria de Emergencia Social en la salud, que se constituyó en uno de los capítulos más complejos al final de la administración de Álvaro Uribe Vélez.
Una de ellas es que los colombianos se toman muy en serio el tema de la seguridad social. Sugerir que las cesantías fueran destinadas a cubrir prestaciones de alto costo, o que los médicos que recomendaran determinados tratamientos serían sancionados, encendió las alarmas.
Otra lección es que el recurso destinado para la salud es limitado y la reforma al sistema es una tarea obligada para el Gobierno de Juan Manuel Santos.
La más importante de todas, sin embargo, es que la reforma al sistema tiene que hacerse de manera concertada, con los representantes de todos los sectores, incluyendo a usuarios, médicos, economistas, abogados.
Ese fue el llamado que hicieron los presidentes y directores de seis asociaciones médicas al ministro de Protección Social, Mauricio Santa María Salamanca.
El documento plantea, básicamente, que los usuarios quieren la garantía de una prestación integral del servicio de salud, a partir de un plan delimitado, con la certeza de los recursos.
"El Ministerio de la Protección Social tiene por delante la altísima responsabilidad de orientar la formación y el desarrollo de las políticas que superen los altos niveles de desempleo, los elevados índices de empleo informal, la progresiva precarización de las condiciones laborales y salariales, así como la gravísima y prolongada crisis de la salud pública y del sistema de seguridad social en salud".
Los directivos, proponen que la reforma se plantee bajo tres principios fundamentales: Uno, la salud como derecho humano fundamental; dos, el Estado como garante de la gobernabilidad del sistema y tres, la salud debe ser vista más allá de los servicios asistenciales, para que trascienda a la formación de políticas públicas.
Los directivos llamaron la atención sobre lo que consideran causas de la crisis en el sistema. Afirman que el sistema presenta fallas estructurales. Acusan "debilitamiento de la función rectora del Estado sobre el sistema de salud y, en consecuencia, la generación de una alta permisividad para que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hayan asumido un poder dominante en detrimento de los intereses y necesidades de los demás actores del sistema", dicen las agremiaciones.
Denuncian altos niveles de corrupción, evasión y elusión, "sin que la Superintendencia de Salud haya tenido la capacidad para interponer efectivos frenos a estos desbordamientos". El documento también asegura que en el sistema existe una "segmentación desigual e injusta de la población en multiplicidad de planes de beneficio, con el establecimiento de derechos diferentes para cada segmento, que desdice de la convicción universal y de la doctrina constitucional".
Los firmantes de esta comunicación son la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, la Asociación de Pacientes de Alto Costo, la Asociación de Trabajadores Hospitalarios, la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud y el Sindicato de la Salud y la Seguridad Social.
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