Contaba Antonio de Lara Gavilán, el popular Tono, humorista español del siglo pasado, que en la puerta principal de un lujoso hotel de Madrid se encontraba un militar de alta graduación y de impecable uniforme, esperando el vehículo que lo iba a recoger. En esas sale un pasajero del hotel y confundiéndolo con el conserje le pide que le consiga un taxi.
-Oiga usted, caballero, respete. Yo soy un almirante de la Armada Real, ¿Cómo me pide usted que le consiga un taxí?
-¡Está bien hombre, entonces consígame un acorazado!
Con sorpresa leí esta semana en El Colombiano, un aviso de media página en el que se publicaba una carta firmada por prestantes ciudadanos, bajo el título de: "En Defensa de Medellín".
Con mucho trabajo logré descifrar el contenido del mensaje que parecía más un galimatías, como para que el vulgo no lo entendiera. Pero era muy claro aquello de: "...rechazamos la afrentosa propuesta para que uno de los sindicados nacional e internacionalmente por sus crímenes en contra de la sociedad, sea el legitimador de las pasadas elecciones locales".
Otros apartes del baturrillo decían: "Convocamos a todos los sectores sociales a defender la institucionalidad democrática y la gobernabilidad de Medellín".
Todo esto quiere decir que los importantes gerentes, presidentes y distinguidos personajes de ambos géneros, firmantes de la carta-aviso, no quieren que se le pregunte al jefe paramilitar, sindicado y extraditado, Don Berna, sobre su participación y apoyo en las últimas elecciones para la Alcaldía de Medellín.
Saben los ilustres firmantes que en la cárcel hay congresistas y ex congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes, acusados de varios delitos basados en testimonios de otros paramilitares y estos personajes nunca vieron amenazada la gobernabilidad del país ni de otras regiones.
Nunca protestaron o por lo menos yo nunca vi avisos similares pagados por estos señores, cuando los jueces interrogaron a Mancuso, a Jorge 40, a HH, al Alemán o a don Ramón Isaza y por sus declaraciones y por haber firmado ante los testigos, el pacto de Ralito, fueron desfilando hacia las cárceles del país, dirigentes políticos de todos los partidos democráticos de Colombia y altos funcionarios de gobiernos departamentales y municipales. Nadie vetó a los testigos que desde las cárceles señalaban a los comprometidos. Testigos convictos, como Popeye, pasaron a los estrados dando su testimonio, por lo que conocían. Nadie los acusó de ser legitimadores de elecciones. Don Berna está en igualdad de circunstancias a los jefes paramilitares mencionados. ¿Si hay una acusación, debe ser esclarecida y quién más indicado que el protagonista? Además ya hay testimonios de alias Memín y de Giovanny Marín, que ameritan el testimonio de Don Berna.
La gobernabilidad no se consigue ocultando la verdad. Conozco a muchos de los firmantes y no creo que fueran conscientes de la gravedad de lo que estaban firmando. Obstruir la investigación de la justicia es un delito o una ingenuidad. Se equivocaron de portero para pedir el taxi. Lo que necesitan es un acorazado o un tanque de guerra. Es mejor que le expliquen al país qué es lo que tratan de ocultar o quién les redactó semejante propuesta de silencio.
ÑAPA. Muy mal les va a resultar la investigación a los militares del Ejército Nacional, llamados a calificar servicios, si la investigación la está adelantando Carlos Franco, ex guerrillero de izquierda que maneja la oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y respaldado por Pacho Santos.
¡Qué Santos tenemos en Colombia, el uno saca los militares del Ejército y el otro los investiga con antiguos enemigos de la derecha!
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