La Fiscalía General de la Nación destapó un nuevo caso de corrupción en La Guajira, donde una red habría desviado recursos destinados a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes. El ente acusador señaló que las irregularidades en la contratación pública provocaron un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos, afectando programas de nutrición en Riohacha y Manaure.
La investigación —que este martes 31 de marzo dejó siete personas judicializadas— evidenció la presunta alianza entre exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y particulares para direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos en la zona.
¿Quiénes son los implicados?
La fiscalía, en su comunicado, determinó que los señalados involucrados son los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), “Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; y los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera”.
Los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres “contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019, que tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial”.
Según las pruebas recaudadas, los supervisores Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas habrían autorizado actas y 12 pagos con sobrecostos en favor de la contratista representada por Barliza Rivera.
La maniobra se apoyaba en facturas de proveedores de carne y verduras —Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla— que presentaban precios inusualmente altos.
Así alteraron los informes
Estos documentos habrían sido utilizados para inflar los informes financieros ante el ICBF y así extraer mayores sumas de dinero del presupuesto público. Justamente, esta manipulación en los costos del suministro de alimentos provocó una pérdida de recursos públicos superior a los 860 millones de pesos.
Ante la contundencia de las pruebas, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de La Guajira imputó a los implicados delitos de peculado por apropiación (propio y en favor de terceros agravado), así como falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
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