No es solo el lenguaje: "el primero", "el propio", "la vuelta", "el man de arriba", "los puntos", que son recursos verbales parecidos a los pasamontañas de los asaltantes, utilizados para enmascarar los temas de una conversación. Además están las prácticas, que han convertido la política y la actividad electoral en gestiones de mafiosos.
Lo que la democracia ingenua cree que es un proceso en que las mayorías se expresan soberana y libremente, son componendas en que intervienen como electores solapados paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes o agentes de pirámides o de DMG; cada uno con sus propios objetivos de dominio estratégico, de manejo de unos presupuestos, de control de una región, o de asalto a unos contratos. En el mapa político del país se multiplican los puntos rojos de la guerrilla, los azules de los paras, los amarillos de constructores de pirámides y los verdes de los narcotraficantes, en tal número que apenas sí queda espacio para lo que en la retórica democrática se llama el poder de la ciudadanía que vota.
Las prácticas mafiosas están dominando la actividad electoral. A eso equivalen escándalos como los que protagonizan los ex congresistas Avendaño y Medina. La mecánica de soborno puesta en marcha para obtener una mayoría en aquella inolvidable aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial, es una práctica mafiosa. Es inevitable pensar que también lo es lo sucedido tras el accidentado proceso judicial en que se configuró el delito que llevó a la cárcel a Medina y a Avendaño. Contra el sentido común se está pretendiendo imponer la extraña tesis de que puede haber quien peca por la paga, sin que aparezca el que paga por pecar.
Más extraño, aunque lógica conclusión de la alquimia mafiosa, la conversión de un documentado fallo condenatorio preparado por un procurador, en fallo absolutorio firmado por otro procurador, quien a su vez, llegó a su cargo en el momento oportuno y merced al poder del principal beneficiario de la mafiosa operación.
La historia parece repetirse en el accidentado recorrido de la segunda reelección que comenzó con la sospechosa gestión en la sesión de la medianoche del 19 de diciembre para iniciar el trámite parlamentario de aprobación de un referendo sobre el que se acumulan dudas de toda clase. ¿Quién contribuyó? ¿Con qué contraprestaciones? ¿Metió la mano DMG? ¿Por qué no cuadran las cuentas? ¿Se violaron los topes de ley? Al mal sabor que dejan esas preguntas, mal respondidas o sin respuesta, se agregan los embrollos con que pretenden cambiar el texto del referendo y acomodarlo al propósito de la reelección en el 2010.
Como truco de mago fue la repentina conversión de dos abogados desconocidos y sin la trayectoria profesional convincente, en magistrados de una corte que tendrá un papel definitivo en el proceso de reforma de la Constitución para transformarla en reeleccionista, al mejor estilo de Chávez en Venezuela o de Fujimori en el Perú.
Es tal el cúmulo de trampas, mentiras y contraevidencias, que una institución discreta como la Conferencia Episcopal a través de sus dos más altos voceros, el Presidente de la Conferencia y el cardenal de Bogotá, ha clamado contra la reelección. El intento de descalificar estas voces con el argumento de que la Iglesia debe dedicarse a lo espiritual y nada más, además de sofístico y anacrónico, es de mala fe. Son tantas y tan evidentes las argucias mafiosas puestas en acción, que denunciarlas es un deber de conciencia.
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