La Fiscalía apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá el fallo mediante el cual la jueza Tercera Especializada de esa ciudad, Claudia Merchán, absolvió al ex congresista Jairo Enrique Merlano Fernández, procesado por sus presuntos nexos con las Auc, dentro del proceso de la parapolítica.
Merlano, investigado por los delitos de concierto para delinquir, en la modalidad agravada por presuntamente haber organizado, promovido, armado o financiado grupos armados al margen de la ley, gana el primer pulso en los estrados judiciales.
Para recuperar su libertad luego de 21 meses de prisión en la penitenciaría La Picota, de Bogotá, el ex senador deberá pagar una multa de 9 millones de pesos.
Merlano, tuvo el poco honroso lugar de haber "inaugurado" la lista de los congresistas investigados por parapolítica, pues el 18 de octubre de 2006 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió proceso contra él y los también ex congresistas Álvaro García y Erick Morris.
El 9 de noviembre, la CSJ dictó orden de captura contra los tres. En el caso de Merlano, el tribunal señaló que existían evidencias de que en 2002, los jefes paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María, alias "Rodrigo Cadena" y "Diego Vecino" promovieron su campaña al Senado por Cambio Radical.
Merlano es el primer ex congresista absuelto, tras haberse cumplido el proceso de juzgamiento. Antes, el representante José de los Santos Negrete y los ex diputados de Sucre, Johny Villa, Ángel Villa Real y y Nelson Stanp, recobraron su libertad en la etapa de investigación.
Acusaciones sin piso
Aunque al abrirse su proceso Merlano había dicho que estaba dispuesto a enfrentar las denuncias, cuando se conoció la orden de captura emprendió la fuga.
El 16 de noviembre, al enterarse de que el Gobierno Nacional ofrecía una recompensa de 75 millones de pesos por la información que permitiera su aprehensión, se presentó en la cárcel de Zipaquirá (Cundinamarca).
Seis días después, renunció a su investidura y su proceso quedó en la Fiscalía.
El 30 de mayo de 2007, fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, al ser considerado "una importante pieza política" de los paramilitares en Sucre.
También se le acusó de constreñimiento electoral, luego de que varios testigos señalaron que fueron presionados por los paramilitares para votar por él y por la ex representante Muriel Benito Revollo, en San Onofre.
Sin embargo, al avanzar la investigación los testimonio se quedaron sin piso, pues los denunciantes aseguraron que fueron estafados en su buena fe y que no entendieron el sentido de los documentos que les hicieron firmar las autoridades.
Su abogado defensor, Nodier Agudelo, también logró demostrar que uno de los acusadores no aparecía en el censo electoral y dos más, que no votaron en esas elecciones.
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