En 1992, recién promulgada la nueva Constitución Política del País, se expidió la Ley 30 a través de la cual se reorganizó la prestación del servicio de educación superior. En esta ley, y para garantizar los aportes que la Nación venía realizando a las universidades públicas, se consagró en el artículo 86 que los aportes, del presupuesto nacional y de las entidades territoriales, deberían siempre incrementarse en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993.
El Gobierno nacional entendió que el mandato del artículo 86 sólo lo obligaba a incrementar las partidas del presupuesto nacional con destino a las universidades en el mismo porcentaje que la proyección de aumento del Índice de Precios al Consumidor -IPC-, lo que ha significado que los recursos para las universidades públicas han decrecido en términos reales, por la diferencia entre el IPC proyectado en el presupuesto general y el IPC real.
A lo anterior hay que agregar que muchos de los gastos de funcionamiento han aumentado significativamente por encima del IPC, como en el caso de las tarifas de servicios públicos, la gasolina, los pasajes aéreos, entre otros.
Las metas que los diferentes gobiernos nacionales han definido para educación, ciencia y tecnología, y que las universidades públicas asumieron como compromiso para alcanzar el desarrollo del país, llevaron a aumentar la cobertura en programas de pregrado, elevar la formación de los docentes, crear y consolidar grupos de investigación, internacionalizarse, extender los programas a diferentes regiones del departamento, realizar extensión solidaria, mejorar las infraestructuras físicas, crear nuevos programas de pregrado y posgrado, renovar los equipos de trabajo, dotar las bibliotecas y modernizar los laboratorios.
Todas estas acciones han tenido que ser asumidas con los mismos recursos que la Nación giraba en 1993.
Las normas que se han expedido desde 1992 es otro factor que incide fuertemente en el desfinanciamiento: los decretos 1444 de 1992 y 1279 de 2002 establecieron un régimen salarial docente, con estímulos por incremento de la productividad, que no fueron presupuestados; la Ley 100 de 1993 con sus posteriores reformas y decretos reglamentarios, incrementaron los aportes que las universidades públicas, en su carácter de empleador, deben girar al sistema de seguridad social; las leyes 403 de 1997 y 815 de 2003 establecieron un descuento del 10% en los derechos de matrícula como incentivo al sufragio; la sentencia C-006 de 1996 proferida por la Corte Constitucional, niveló las prestaciones sociales de los docentes de cátedra y ocasionales con las de los vinculados, y la sentencia C-401 de 1998 determinó que las prestaciones sociales de los empleados administrativos se deben pagar de forma igual al personal supernumerario.
Si bien el problema de la financiación de la educación superior es estructural, en esta vigencia el Sistema de Universidades Estatales -SUE-, decidió emprender un trabajo con el Ejecutivo y el Legislativo para evidenciar la situación compleja por la que atraviesan las universidades.
Fruto de esta iniciativa se desarrolló un primer documento en el que se abordó el tema de la compensación por efectos de la normatividad que ha incidido en el presupuesto de gastos de las universidades públicas a partir de la Ley 30 de 1992. Este ejercicio tenía una fecha de corte al 20 de octubre de 2009, plazo máximo para aprobar el Presupuesto General de la Nación por parte del Congreso; el objetivo era conseguir por lo menos un 5% adicional a la base de los presupuestos de las universidades, buscando compensar el efecto de las normas anteriormente citadas. Gracias a esta labor, el SUE logró que se incrementaran los recursos en $160.000.000.000, que serán distribuidos, según la propuesta del Ministerio de Educación Nacional, de la siguiente forma:
$42.000.000.000 que anteriormente pertenecían al Icfes para fomento de la educación superior y que en virtud de la Ley 1324 de 2009 serán manejados directamente por el Ministerio de Educación. El acuerdo del Ministerio con el Sistema Universitario Estatal es que los recursos hagan base presupuestal y se distribuyan de acuerdo con la participación de cada institución en el valor total de los costos adicionales de personal docente 2003-2008.
$70.000.000.000 del fondo administrado por el Icetex serán destinados para proyectos que presenten las universidades y que tengan como objetivo ampliar cobertura haciendo énfasis en criterios de equidad y regionalización; los recursos que obtengan las universidades serán parte de la base presupuestal.
$30.000.000.000 para Colciencias, que se aplicarían a financiar una convocatoria de proyectos de investigación; capacitar investigadores y acceder a bibliografía especializada; tales recursos no harán base presupuestal.
$18.000.000.000 para reconocer el incentivo al sufragio harán parte de la base presupuestal.
Después de la amplia difusión pública de la problemática se ha logrado que el Ministerio de Educación se preocupe por los recursos para las universidades públicas, no obstante que ha venido afirmando que las instituciones de educación superior públicas cuentan con excedentes financieros, sin comprender que éstas administran recursos ajenos, a través de proyectos con destinación específica y que los fondos patrimoniales que conservan y alimentan son el respaldo para poder atender las obligaciones misionales de docencia, investigación y extensión.
En este momento la labor fundamental de los rectores es lograr, a través del SUE, que estos recursos incorporados en el presupuesto de 2010 se utilicen eficientemente y que mitiguen lo mejor posible el desfinanciamiento que sufren las universidades, sin renunciar a la autonomía que la Constitución les garantiza.
El problema estructural de la financiación de la universidad pública seguramente tendrá su propio escenario en 2010, cuando inicien nuevamente las discusiones del presupuesto de 2011, o antes, si la Ministra de Educación radica el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.
En todo caso, las universidades están dispuestas a dar las explicaciones que requiera la sociedad pues tienen cómo mostrar significativos resultados en eficiencia, en ampliación de cobertura, desarrollo de la investigación, acceso a la educación de los sectores menos favorecidos, egresados altamente cualificados y programas de extensión solidaria; resultados que han implicado, asimismo, grandes esfuerzos económicos por parte de las universidades públicas, las cuales esperan una compensación por la labor cumplida, que en ningún momento es la compensación por un sólo período de gobierno.
* Exclusivo para EL COLOMBIANO
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
