Varios medios de comunicación han publicado una serie de crónicas sobre algunas zonas del país que se encuentran gravemente afectadas por el conflicto colombiano, como los departamentos del Cauca y Nariño, donde los niños llevan la peor parte. Ellos siguen siendo las víctimas mudas de enfrentamientos cerca a sus escuelas, de grupos armados que los reclutan y de una violencia intrafamiliar que los marca para siempre.
La falta de oportunidades y el poco interés de la familia, que no los retiene y a menudo los expulsa, hace que el grupo armado sea una opción atractiva. Como si fuera poco, muchas veces la escuela no llena sus aspiraciones. Muchas de estas instituciones de educación son teatros de la guerra, no sólo en las zonas rurales, sino también en los barrios de las ciudades, donde la escuela no está blindada contra los armados.
Las aulas siguen de retaguardias -señala un informe de la ONU sobre el conflicto colombiano-, se convierten en zonas de descanso o almacenamiento de municiones. Los intervalos entre clase y clase se usan para adoctrinar maestros y estudiantes. Además, en los mismos espacios educativos, se vigila a los integrantes del combo contrario o se promueve el enfrentamiento. Los imaginarios juveniles giran en torno al camuflado y el estatus que da un arma.
Mientras estuve secuestrado, le pregunté a una comandante guerrillera, con veinte años de estar allí, por qué las niñas, tan pequeñas y bonitas se vinculaban a la guerrilla. La mujer, llamada Otilia y de unos 40 años de edad, me dijo que esas niñas, como ella, habían sido violadas. Luego eran despreciadas por los habitantes de sus veredas, donde, seguramente, no había presencia del Estado -me explicó Otilia-. Así es como encuentran el camino a la guerrilla. Tras un mes de vincularse, les entregan un camuflado, un fusil Ak-47, unas botas y un radio. Cuando regresan a sus sitios de origen, donde fueron maltratadas y despreciadas, las miran con admiración y respeto.
Las estadísticas que dan las organizaciones encargadas del tema indican que uno de cuatro combatientes ilegales es un niño. A raíz de cifras como estas, los niños, niñas y adolescentes vinculadas al conflicto se han hecho tan visibles como la incapacidad de prevención y respuesta por parte del Estado.
Colombia es también, según un estudio de la Unesco, el segundo país del mundo con más desplazados por la violencia, situación que pone grandes obstáculos para que los niños desterrados puedan educarse, siendo un poderoso factor de persuasión para que más adelante se vinculen a los grupos armados.
Los niños a los que se les niega la opción de vivir su infancia debidamente, son más proclives al reclutamiento, así como los huérfanos. Alguien dijo que el niño hace toda la carrera: en la casa lo golpean con la correa, en la escuela con la regla y, luego, el fusil con el grupo armado.
Lo demuestran los testimonios de más de cuatro mil niños que están bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que abandonaron las filas de los grupos armados ilegales a pesar de que, dicen ellos, ingresaron voluntariamente. El 80 por ciento de esos niños van a la guerra por voluntad.
Hace años el Estado colombiano tiene una deuda con el futuro del país. Más allá de sacar a los pequeños del conflicto, lo que debe hacer es una política pública que no permita que nuestros niños, los que serán dueños de Colombia en unas décadas, reproduzcan el conflicto como una salida a las dificultades.
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