Esta semana, el ministro de Hacienda destapó sus cartas y anunció su intención de gravar con una tarifa anual de 2,25 % y, por un período de cuatro años, los patrimonios superiores a los $8 mil millones. Adicionalmente, los patrimonios entre $1 mil millones y este valor serían gravados con tasas diferenciales, según el monto. La razón principal, la necesidad de cubrir el faltante de $12.5 billones en el presupuesto general de la Nación de 2015, el cual ya fue presentado y aprobado por el Congreso.
Es clara, y así lo ha hecho saber el ministro, su preocupación no solo para financiar este faltante, sino también las múltiples necesidades que tiene el país en materia de desarrollo y postconflicto. Pero, gravar la fuente de la riqueza como es el patrimonio, así sea temporalmente, es un despropósito en la medida que afecta la inversión y el ahorro, propicia el endeudamiento e induce la salida de capitales.
El ministro debe mirar otras alternativas, empezando por la reducción del gasto. Igualmente, como propone la Andi, podría considerar reemplazar el impuesto al patrimonio por una sobretasa transitoria al impuesto de renta, de forma tal que no se mine el capital ni se desestimule la inversión. No hay que olvidar que el capital siempre irá donde encuentre la mayor rentabilidad.
Colombia, ya de por sí, por cuenta de la falta de competitividad en diferentes áreas está teniendo problemas para atraer inversión extranjera e incluso para retener la inversión local. Un ejemplo claro en este sentido es lo sucedido en la Ronda Colombia 2014, en la que los inversionistas, cansados de las dificultades con las licencias ambientas y las comunidades, solo mostraron interés por el 26 % de las áreas ofrecidas. Otro, la suspensión por parte del Grupo Santo Domingo del proyecto agroindustrial que adelantaba en el Vichada.
Aún más, muchas empresas colombianas con inversión en otros países, están encontrando, por estas mismas razones, que es más rentable producir por fuera de Colombia, a veces incluso, para abastecer el mercado interno.
El sector productivo es el generador por excelencia de la riqueza. Es el que mediante el pago de impuestos provee al Estado con los recursos necesarios para operar e invertir en el desarrollo social y económico. Los países que así lo entienden, como por ejemplo Alemania y Estados Unidos, trabajan incesantemente para mejorar las condiciones que afectan al sector productivo y que podrían obstaculizar la creación de riqueza.
El impuesto al patrimonio va en contravía de este propósito, afecta a las empresas grandes y a las que tienen inversión fuera del país y termina siendo regresivo para las pequeñas y medianas empresas que ven reducida su rentabilidad y no tienen opción diferente a quedarse en Colombia.
De hecho, un artículo de la revista Bloomberg-BusinessWeek, publicado a raíz del anuncio del ministro esta semana, advierte del peligro de este impuesto y pone como ejemplo a Suecia, país que, por cuenta del mismo, perdió las inversiones millonarias de Ikea y Tetra Pak. Suecia eliminó el impuesto en 2007. Al final solo lo pagaban los moderadamente ricos que tenían una casa y un poco de ahorro. Colombia no puede repetir esta historia.
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