Anteriormente, asistir a cualquier espectáculo público era un programa en el que se involucraba toda la familia y con entusiasmo se hacían preparativos y se concurría a ellos sin ninguna preocupación, pero como desafortunadamente somos campeones en copiar las malas prácticas, rápidamente aprendimos de los desórdenes y hechos violentos que se presentan en otras latitudes y que son divulgados profusamente por los medios de comunicación, lo que fue creando una cultura vandálica y la creencia absurda entre las nuevas generaciones de que disfrutar de un evento cultural o deportivo debe incluir actos de fanatismo y perturbación.
Es el caso del fútbol en el que ya no se concurre a animar de manera alegre y solidaria a los equipos de sus simpatías, ni a observar un buen encuentro en el que prime la destreza de los jugadores, el buen trato al balón y las estrategias, sino que se asiste a una guerra que tiene sus comienzos desde días antes en algunos medios de comunicación, en los que se critica sin ninguna consideración e inclusive se veta a directivos, técnicos, jugadores y árbitros, con descalificaciones y epítetos irresponsables que llegan hasta a atentar contra la dignidad y los derechos humanos, exponiéndolos al escarnio público y, sobre todo, colocándolos ante un inminente peligro de ser agredidos por desadaptados que no entienden que los estadios son lugares públicos de esparcimiento de toda la comunidad y el fútbol un simple juego, una actividad recreativa.
Hoy se confunde un campo de fútbol con un campo de guerra en la que se libran batallas en medio de cánticos y de consignas que invitan a la violencia, con las consecuencias que ya hemos tenido que lamentar por la agresión a personas y los cuantiosos daños ocasionados a escenarios deportivos y a bienes de particulares.
Los equipos de fútbol y ciertas empresas patrocinadoras deberían comprometerse a invertir en cultura ciudadana y, sobre todo, negarse a otorgar apoyos a medios que directa o indirectamente azuzan con sus comentarios exaltados a hechos de violencia, ni tampoco aceptar a ciertas barras que dejan mucho que desear en cuanto a su comportamiento dentro y fuera de los estadios y en sus desplazamientos a otras ciudades. También es necesario que los dirigentes de las barras se comprometan a evitar los desórdenes por parte de sus asociados, aplicando las sanciones correspondientes a quienes no cumplan con las normas.
El pasado 12 de mayo se expidió la Ley 1445, que modificó la 181 de 1995, la cual obliga a los clubes con deportistas profesionales a organizarse como Corporaciones o Asociaciones deportivas, o como Sociedades Anónimas; la misma controla la procedencia de los capitales, exige el reporte de transferencias y derechos deportivos de jugadores, reglamenta la pérdida y suspensión del reconocimiento deportivo, etc., siendo lo más rescatable de dicha disposición el haber expedido normas en materia de seguridad y convivencia, otorgándoles a los clubes deportivos y a las autoridades la responsabilidad de prevenir, vigilar y controlar todo lo concerniente a las barras, aficionados y asistentes a los eventos deportivos.
La norma además contempla multas de cinco a diez SMLMV y prohibición de acudir a los escenarios deportivos por un período de seis meses a tres años, a quienes pretendan ingresar con cualquier tipo de arma, o en posesión de cualquier tipo de estupefaciente, atenten contra la integridad de los miembros de la fuerza pública o invadan el terreno de juego.
La multa se agravará hasta quince SMLMV y la prohibición de acudir a los escenarios hasta por seis años cuando resulten involucrados los organizadores o protagonistas del evento deportivo, sea dirigente o actúe bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes etc.
También será sancionado con multas e imposibilidad de concurrir a los escenarios deportivos hasta por seis años, quien incite a la agresión física o verbal, u ocasionare daños a infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial.
Habrá prisión de uno a cinco años para quien porte o lance sustancias u objetos peligrosos o contundentes dentro o fuera de los escenarios deportivos y se agravará la pena hasta 10 años de prisión y multa de hasta quinientos SMLMV, cuando la conducta se realice con fines terroristas. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando se lancen artefactos explosivos, incendiarios, sustancias químicas que pongan en riesgo la integridad personal o los bienes.
Si en los hechos resultan involucrados menores de edad, serán conducidos por la autoridad y quienes ejercen la patria potestad serán solidarios con las sanciones impuestas y se iniciará el proceso de pérdida de custodia.
Lo ideal sería que estos preceptos fuesen persuasivos y no tuviesen que aplicarse, pero si persiste el vandalismo, las autoridades deberán actuar con toda severidad y bajo estrictos parámetros de legalidad.
