Si algo quedó claro en la elección de Fiscal General de la Nación esta semana, es que la Corte Suprema de Justicia ni le cumplió a la Constitución ni le cumplió al país, como se dijo la misma noche de la votación. De haber tenido la voluntad de acatar verdaderamente lo que les mandaba la Carta, los magistrados habrían elegido de la primera terna que presentó el expresidente Álvaro Uribe, o inclusive -llevándose un punto (que fue lo que siempre pareció)- habrían seleccionado del segundo grupo.
Con la votación tan ágil de la noche del miércoles, los magistrados demostraron que sí había estado en sus manos elegir fiscal y destrabar el proceso, y que las dilaciones que por más de año y medio sufrimos los colombianos (no ellos), no tenían ninguna justificación.
¿O qué de diferente tuvo la terna presentada por Juan Manuel Santos a las anteriores, que aunque fueron enviadas por su antecesor, también estuvieron avaladas por el hoy presidente?
Informaciones de prensa entregadas al día siguiente de la elección, revelaron que fue el Presidente de la República quien tuvo una gran incidencia en que el proceso se liberara y llegáramos por fin a tener un fiscal general en propiedad, luego de más de un año de encargo por culpa de la Corte Suprema de Justicia.
La versión indica que fue Santos el que organizó las cosas para que los dos bandos de los que siempre se ha hablado que hay en el alto tribunal, llegaran a un acuerdo que desembocara en la solución de tres aspectos que rayaban en la ineficacia: poder contar con un fiscal en propiedad, llenar las cinco vacantes de la Corte y ratificar al presidente del mismo ente, que llevaba un buen rato en provisionalidad.
Y como no se trata de llorar sobre la leche derramada, solo caben dos conclusiones de todo este episodio: primero, o que el fiscal lo siga eligiendo el Presidente de la República de una terna que envíe la Corte Suprema (al revés de como se hace hoy), porque así la decisión final recaería en una persona y no en los intereses particulares de cada uno de los magistrados del tribunal; o segundo, que se mantenga en manos de la Corte la potestad de nombrarlo, pero cambiando completamente el proceso de selección en el que, por ejemplo, sea necesaria solo una mayoría simple de votos.
Cualquiera de las dos decisiones requerirá un estudio a profundidad y en el primero de los casos será necesario ir más allá, reformando la Constitución; pero el espectáculo que gracias a Dios dejamos de padecer los colombianos, al ver por más de 25 votaciones que la Corte no cumplía su tarea y que el Presidente Santos tuvo que ceder al chantaje del tribunal cambiando la terna, no estamos dispuestos a repetirlo.
Que se haga lo que se tenga que hacer, pero que se haga de una buena vez.
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