La Defensoría del Pueblo afirmó que 29 municipios del país presentan grandes falencias en la prestación del suministro de agua potable, mientras que otros 257 presentan un alto riesgo de salud por la mala calidad del líquido que consumen sus habitantes.
La Secretaria General de la Defensoría del Pueblo, Gloria Elsa Ramírez, señaló que en el país “se podría estimar que 21 millones de personas están en una situación no deseada y de vulnerabilidad preocupante por el mal servicio del acueducto, mientras que otros nueve millones no tienen acceso a agua potable”.
Por esto, la Defensoría del Pueblo les aconsejará a las autoridades competentes como alcaldías y gobernaciones de los respectivos departamentos y municipios crear políticas públicas para mejorar la calidad del servicio de agua y no tener que llamar a una emergencia sanitaria en esas zonas.
En el informe realizado por la Defensoría en cooperación con el Comité Nacional en defensa del agua y la vida (CNDAV) se señala que cerca de 17 millones de personas no tienen acceso al servicio de alcantarillado, lo que aumenta considerablemente el riesgo de contraer enfermedades.
Situación inquietante
Advierte además que esta situación es más “preocupante si se tiene en cuenta que Colombia es considerado el cuarto país más rico en fuentes hídricas del mundo, pero no se tiene ni el equipo técnico, ni la sostenibilidad económica para prestar un servicio de calidad”.
Los departamentos que presentaron en 2009 mayor número de falencias en la prestación del servicio de acueducto son: Bolívar, con siete municipios considerados inviables sanitariamente, Cauca con seis municipios y Boyacá con cinco.
Ramírez afirmó que más allá de velar por un mínimo vital de agua como se tiene estipulado en el Referendo, es necesario buscar una mejor prestación en el servicio que incluye la calidad del agua que se consume.
En las conclusiones del foro se señaló la importancia de crear políticas públicas de sostenibilidad para la accesibilidad física en todas las regiones del país, principalmente para las personas más vulnerables como lo son los resguardos indígenas, la población desplazada y las minorías sociales. Así como la creación de embalses u otro tipo de sistemas de almacenamiento en todas las regiones del país.
