Colombia necesita mayor cantidad y mejor calidad de infraestructura, principalmente en transporte y en servicios básicos para mejorar su competitividad y elevar el bienestar de sus habitantes.
Encontrar el sano equilibrio entre ambiente y desarrollo es trascendental. Con frecuencia la construcción de obras civiles se ve cuestionada por sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Por esta razón se exigen estudios de impacto ambiental y social que posteriormente son rechazados por opositores y la ley facilita esta intromisión a destiempo, que conduce a parálisis de obras, incremento de costos, intervenciones indebidas, procesos legales interminables y dan pie para el oportunismo político, con frecuencia disfrazado de falsa transparencia.
Si bien, es necesario que las grandes obras civiles tengan estudios e investigaciones previas que identifiquen sus efectos ambientales y sociales, tanto positivos como negativos y formulen un plan de manejo que elimine o mitigue debidamente los primeros y maximice los segundos, también lo es que una vez lograda la debida participación comunitaria y aprobados los planes de manejo por las autoridades competentes, se garantice la estabilidad jurídica y se respeten las decisiones de los entes públicos responsables.
La intervención extemporánea de poderes nacionales que habían delegado sus competencias a organismos regionales, suficientemente capacitados para ejercer las funciones de aprobación y control y la decisión súbita de suspender obras necesarias para mejorar la conectividad y la competitividad de la región, tienen efectos graves no solamente en una obra específica sino también y muy especialmente en la sensación que queda en la opinión pública de imprevisión, de descoordinación, de manipulación política y de inestabilidad jurídica.
El caso de la intervención repentina y extemporánea del Ministerio del Ambiente en la construcción ya iniciada de las obras del Túnel de Oriente y la desautorización inoportuna e improcedente que hizo sobre una corporación publica autónoma regional, más que resolver un problema de carácter ambiental y social, lo que logró fue crear un manto de duda difícil de superar, sobre la objetividad de las actuaciones ministeriales y generar un desprestigio inmerecido sobre la Corporación Autónoma Cornare.
¿Con estas decisiones rayanas en la arbitrariedad y con el propósito de cuestionar la idoneidad y la capacidad regional para decidir sobre asuntos ambientales, estará el Gobierno Nacional preparando su tan cacareada reforma a las corporaciones autónomas regionales de desarrollo, para disminuir sus funciones, limitar su autonomía, tomar más autoridad nacional, monopólica y propensa a presiones de otras fuerzas centrales de orden político y económico?
¿La dará el Gobierno Nacional a los numerosos túneles que están proyectados y concebidos para las hasta hoy denominadas Autopistas de la Montaña (ahora Autopistas de la Prosperidad) el mismo trámite desconcertante que está dando al Túnel de Oriente?.
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