El presidente de E.U., Barack Obama, autorizó este jueves la continuidad de la ayuda estadounidense al programa de interdicción aérea en Colombia contra el narcotráfico, tras determinar que ese país ha puesto en marcha medidas para proteger la vida de inocentes.
Así lo informó la oficina de prensa de la Casa Blanca en un comunicado, en el que manifestó que "no se conocen casos del uso de la fuerza letal contra aviones civiles inocentes ni de muertes".
La decisión se produce en paralelo a las negociaciones que realizan en Washington funcionarios de Colombia en el Departamento de Estado para establecer un acuerdo que permita a Estados Unidos utilizar hasta siete bases en territorio colombiano para operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo.
Según el documento de la Casa Blanca, el presidente Obama ha autorizado al Departamento de Estado a que "continúe la asistencia a Colombia" para la aplicación del programa de interdicción aérea contra aeronaves civiles que se sospeche estén involucradas en el tráfico de drogas ilícitas.
Obama tomó esa determinación tras considerar que "Colombia ha puesto en marcha procedimientos apropiados para proteger contra la pérdida de vidas inocentes en conexión con las operaciones de interdicción" en el país andino, dijo el documento.
Agregó que el Departamento de Estado, respaldado por otras agencias federales, tiene la capacidad de continuar trabajando con el Gobierno de Colombia para que se lleven a cabo con eficacia operaciones antidrogas con estricto apego a los procedimientos de seguridad previamente establecidos.
La determinación de Obama responde a la cláusula 1012 de una ley defensa de 1995, en la que el Ejecutivo debe "certificar" la necesidad de que continúe el programa de interdicción aérea "debido a la extraordinaria amenaza" que supone el narcotráfico para la seguridad nacional de Colombia.
Por ley, el Ejecutivo también debe certificar que Colombia ha puesto en marcha medidas para evitar la muerte de vidas inocentes, mientras ejecuta el programa de vigilancia contra los narcotraficantes.
Esas medidas, como mínimo, deben incluir "un método eficaz" para identificar a las aeronaves y emitir advertencias antes de recurrir al uso de la fuerza contra de estas si fuese necesario.
Con la decisión de Obama, el siguiente paso es que el Departamento de Estado la publique en el diario oficial del Gobierno y notifique al Congreso.
En respuesta al creciente uso del espacio aéreo para el trasiego de cocaína desde Bolivia y Perú hacia Estados Unidos, el Gobierno estadounidense comenzó a respaldar, a principios de la década de 1990, los esfuerzos de vigilancia e interdicción aérea de los Ejecutivos de Bogotá y Lima.
Sin embargo, Estados Unidos suspendió ese apoyo a Bogotá y Lima en abril de 2001, tras el derribo accidental por parte de la Fuerza Aérea de Perú de una aeronave civil en la que viajaban misioneros estadounidenses.
En agosto de 2003, tras acordar nuevos mecanismos de supervisión y presentación de informes, Estados Unidos y Colombia iniciaron el programa de interdicción aérea, indicó el documento.