El 24 de noviembre pasado, el Clan del Golfo emboscó una patrulla del Ejército en la selva de Dabeiba, Antioquia, asesinando a dos soldados; el 5 de diciembre, de madrugada, los militares mataron a dos miembros de esa organización en un combate registrado en la zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar; y ese mismo día, en horas de la tarde, ambos bandos anunciaron un marco de entendimiento para avanzar en las negociaciones de paz, que incluye tres zonas de ubicación temporal de combatientes.
Y así, entre el plomo y las conversaciones, se ha venido desenvolviendo en Doha, Catar, el espacio sociojurídico entre el Gobierno y el cartel narcotraficante, que también se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
El viernes pasado, los delegados de ambas partes finalizaron la segunda sesión en el Medio Oriente, en la que pactaron la creación de zonas de ubicación en los municipios chocoanos de Unguía y Belén de Bajirá, y en Tierralta (Córdoba), que empezarían a funcionar el 1° de marzo de 2026.
También anunciaron un mecanismo de monitoreo al proceso y la ampliación del número de municipios para “implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza”, según el documento oficial. El listado incluye a Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré (Córdoba); Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá (Antioquia); El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar); Unguía, Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá (Chocó).
En ninguna parte del documento se menciona un cese el fuego, por lo que es probable que hechos como los narrados al principio sigan ocurriendo en los próximos días.
Pero esta no es la única sombra que se cierne sobre el proceso. El tiempo parece ser su principal amenaza, dado que el gobierno de Gustavo Petro está entrando en su recta final y estas conversaciones, por experiencias pasadas, suelen durar más de un año (como mínimo). ¿Qué futuro tiene esta mesa, la más tardía dentro de la política de “paz total” de Gustavo Petro?
El Clan del Golfo cuenta con un número de integrantes que varía de 6.500 a 9.000, dependiendo de si el conteo lo hace la Policía, el Ejército o la Defensoría del Pueblo. La variación en la cifra puede explicarse por el hecho de que en varios municipios la estructura delinque con un modelo de franquicia, integrando a bandas locales a sus actividades.
Tiene un centro de comando, llamado estado mayor, además de seis bloques que integran 25 frentes en los territorios en los que delinque, que son 316 municipios en 23 departamentos, sumando células en Panamá, Venezuela, España y Ecuador.
Los acercamientos en el Medio Oriente salieron a la luz pública en agosto, cuando se confirmó que el gobierno de Qatar había auspiciado dos reuniones exploratorias en Doha, con participación de delegados de los dos bandos.
En ese entonces, el asesor jurídico de la organización ilegal, Ricardo Giraldo, comentó a este diario que “la elección de Catar obedece a su reconocido papel como facilitador en procesos de paz internacionales, a la neutralidad que ofrece como sede y a las garantías de seguridad y logística que brinda, lo cual permite a ambas partes concentrarse en los contenidos de la negociación sin interferencias externas”.
A este proceso se unieron representantes de tres países, en calidad de mediadores: España, Suiza y Noruega, además del anfitrión.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, recordó que los acercamientos preliminares fueron en 2022, los cuales tuvieron una segunda fase en julio de 2024, con una resolución oficial que autorizó las conversaciones; sin embargo, no habían prosperado por desconfianza mutua y por el severo conflicto entre las partes.
Desde su punto de vista, algo positivo del proceso es que el EGC llegó a la mesa con intenciones concretas de desarme y desmovilización, y sin la pretensión de introducir grandes reformas a la sociedad, como sí plantearon las disidencias en su momento.
Esta agenda más pragmática podría acelerar los acuerdos, “elevando la posibilidad de que un próximo gobierno pueda continuarlos”, dijo. El experto resaltó el compromiso del grupo de retirar a los niños que estén en sus filas, aunque reconoce que es complejo debido a que no se ha pactado un cese el fuego.
“Hay que ser muy realistas: con el tiempo que le queda a este gobierno y con los temas pendientes de tratar, el futuro de esta iniciativa de diálogo es avanzar hasta donde sea posible y elevar la probabilidad, con hechos concretos, de que un próximo gobierno decida continuarla”, opinó Arias.
El reto de las partes, y de los países mediadores, es lograr que esas promesas, en los territorios ya definidos, sí se materialicen, y que el proceso no sea aprovechado por el EGC “para expandir su gobernanza criminal, como pasó con alias ‘Calarcá’. El temor es que de manera paralela haya una consolidación territorial de esa disidencia de las Farc”, acotó.
Pese a la premura del tiempo, Arias estima que el futuro de esta mesa es “menos incierto” que el de las demás”.
Otro de los desafíos son las zonas de ubicación temporal, que el Gobierno viene promoviendo incluso en otros procesos, como el de los Comuneros del Sur (disidencia del ELN) en Nariño, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (disidencia de la Segunda Marquetalia) en Putumayo y el Estado Mayor de los Bloques y Frente, en Norte de Santander.
Sobre este último grupo, que es el que comanda Alexánder Díaz (“Calarcá”), se pactó una zona de este tipo en el municipio de Tibú, proyectada para instalarse hace siete meses con el frente 33, pero a la fecha no ha comenzado.
“La preocupación con estas zonas de ubicación es que sin un marco jurídico definido, es muy delicado que el Gobierno avance en su consolidación y traslade la responsabilidad de terminarlas al próximo Gobierno, es decir, vamos en una lógica que puede resultar irresponsable solo para mostrar unos resultados políticos parciales”, concluyó Arias.
La llamada Ley de Sometimiento de Grupos Armados Organizados ni siquiera se ha debatido en el Congreso. Esta incertidumbre jurídica, política y legislativa se termina trasladando a las comunidades, que padecen por los frecuentes choques armados.
De igual manera, la Defensoría denuncia una implacable expansión del Clan del Golfo durante el Gobierno, copando áreas rurales en el Magdalena Medio, el Oriente de Antioquia, La Guajira, el Eje Cafetero y Bolívar. Es una situación que oscurece las posibilidades de paz con la estructura ilegal más grande de Colombia.
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