La gobernadora de Arizona asegura que la enérgica nueva ley sobre inmigración será aplicada sin apelar a la individuación racial, pero por lo menos dos organizaciones están preparando objeciones legales y México advirtió que la ley podría afectar las relaciones fronterizas.
La gobernadora republicana Jan Brewer firmó el viernes pasado el proyecto de ley que, según sus partidarios, dejará en libertad a la policía para lidiar con la inmigración ilegal en Arizona, donde viven unos 460.000 inmigrantes indocumentados y la puerta de entrada más activa para el contrabando humano y el narcotráfico desde México.
Las medidas
La ley estatal criminaliza estar ilegalmente en el país. También requiere que la policía local interrogue a la gente sobre su situación inmigratoria si tiene motivos para sospechar que son indocumentados; permite demandar a las agencias del gobierno que obstaculicen la aplicación de las leyes inmigratorias, y determina que es ilegal contratar a jornaleros indocumentados o transportarlos a sabiendas de su situación inmigratoria.
Mientras cientos de manifestantes protestaban frente al Capitolio estatal por considerar que la ley conducirá a abusos de los derechos humanos, la gobernadora dijo que la reacción de sus críticos era exagerada y que no permitirá la individuación racial.
"Nosotros en Arizona hemos sido pacientes por demás a la espera de que Washington actuara", sostuvo Brewer después de firmar la ley. "Pero décadas de inacción y políticas erróneas han creado una situación peligrosa e inaceptable".
El presidente Barack Obama calificó la ley de "descaminada" y encomendó al Departamento de Justicia que determine si es legal. Agregó que el gobierno federal debe aplicar una reforma inmigratoria a nivel nacional, a riesgo de dejar abiertas las puertas a "la irresponsabilidad ajena".
