Alas 9 y 50 de la noche del pasado martes, cuando anunció el retiro del proyecto de reforma a la justicia, el presidente Álvaro Uribe renunció al que ha sido uno de sus principales objetivos. Ese que lo ha desvelado durante seis años, es decir, desde que llegó por primera vez a la Presidencia.
Uribe no quiso delegar a nadie la responsabilidad y él mismo se encargó de sepultar el que pasa a la historia, como el cuarto intento frustrado de reformar los órganos de la administración de justicia.
Incluso, en los 100 puntos de su manifiesto democrático (base programática de la campaña que lo llevó al poder en el 2002) mostraba su interés de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura: "Es muy costoso: $60. 000 millones. Con ese dinero podemos financiar 10 mil viviendas sociales por año. Que la autonomía de la justicia la administren las altas cortes con apoyo del Ministerio".
Pero ni Fernando Londoño Hoyos, ni Sabas Pretelt de la Vega, ni Carlos Holguín Sardi, ni ahora Fabio Valencia Cossio, quizás los ministros "estelares" en su gabinete, pudieron cumplir la misión encomendada por el Presidente.
Los cuatro ministros no solo terminaron con el sabor amargo de la asignatura pendiente, sino, además, enfrentados, o por lo menos distanciados de las altas cortes. Holguín Sardi y Valencia Cossio fueron los que "más lejos" la llevaron. Los dos alcanzaron al primero de sus ocho debates, aunque ahí quedó el intento.
El principal error
El senador Juan Fernando Cristo, testigo desde la oposición del Partido Liberal de los cuatro intentos del Gobierno por reformar la justicia, considera que ninguno de los proyectos "tenía la intención de mejorarla".
Cree que el propósito de las reformas se confundió "en función de presionar las altas cortes y modificar la distribución de poderes".
Cristo atribuye el fracaso de los cuatro proyectos a la "nula concertación".
Eduardo Enríquez Maya, senador Conservador, también señaló que la "no concertación" fue el principal escollo de las reformas.
"Para reformar la recta administración de justicia se necesita plena concertación para legislar", afirmó el congresista.
La receta
El senador Jesús Ignacio García, del Partido Liberal, considera que una reforma a la justicia debe hacer énfasis en facilitarle a los ciudadanos el acceso a la justicia y convertirla en "eficaz y eficiente".
Con tal fin hay que avanzar en el desarrollo de lo estipulado por la reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia, que señala que todos los procedimientos de la justicia no son únicamente penales; deben ser orales.
Enríquez Maya agregó que en la distribución del presupuesto, la administración de justicia no debe seguir siendo "la cenicienta" y planteó como necesario "un cambio en la cultura jurídica" que permita imponer la oralidad en todos los procesos diferentes al penal.
En ese cambio de "cultura jurídica" se explica que el estado colombiano debe aplicar medidas de prevención del delito y la vigencia del principio del 'non bis in ídem', es decir, que por un mismo hecho se impongan dos sanciones.
El senador Cristo, quien coincide en algunos de estos planteamientos, también apunta que el camino de la reforma a la Constitución escogido por el actual Gobierno en cuatro oportunidades puede ser "más taquillero", pero equivocado. "Los ajustes a la justicia deben hacerse a través de reformas legales".
Los pecados de Valencia
El ex ministro Carlos Holguín Sardi señaló que la reciente iniciativa, liderada por Valencia Cossio, se equivocó en concentrarse en la redistribución del poder de la justicia.
"El problema de la justicia no es de organización, ni de distribución de quien nombra a los magistrados. Es problema de procedimientos, de agilización de los instrumentos. Hubiera deseado que la reforma a la justicia hubiese sido la implementación de las nuevas normas que se establecieron en la ley estatuaria, poner énfasis en la implementación de la oralidad en los procesos distintos a los penales, avanzar en el código de infancia y adolescencia, y la ley de pequeñas causas", explicó Holguín.
Y es que cuando el ministro Valencia Cossio asumió el cargo, su primera semana fue exitosa.
Días después, tras intensas semanas de trabajo entre el Ejecutivo y su bancada en el Congreso, el 26 de agosto Valencia apareció con el proyecto de reforma y dos hechos precipitaron el rechazo absoluto de las cortes y la oposición.
El primero surgió días antes, exactamente el 13 de agosto. Al final de uno de los desayunos de trabajo, el presidente del Congreso, Hernán Andrade, reveló que Uribe había planteado que la reforma a la justicia debería atacar el clientelismo judicial, al que el Presidente bautizó como el "roscograma".
El segundo comenzó cuando la reforma incluyó el polémico artículo de establecer la doble instancia para el juzgamiento de congresistas.
Este según la oposición y de las Cortes "cambiaba las reglas del juego" de los procesos en un momento en que la Corte Suprema investiga a más de 60 congresistas por sus nexos con las Auc.
Otro hecho que terminó por marcar el futuro de la reforma fue que los senadores ponentes del texto modificaron el original, al proponer quitarle a la Corte Suprema de Justicia la competencia de investigar congresistas, trasladándola a la Fiscalía.
Valencia trató de convencer a los senadores que por tener investigaciones preliminares anunciaron con declararse impedidos, y cuando parecía hacerlo, el pasado martes los temores revivieron; las Cortes, en pleno Senado, rechazaron el proyecto, y el Gobierno perdió la mayoría en la Comisión Primera.
Por eso, el Ministro tuvo que resignarse a la decisión del Presidente de renunciar a la reforma judicial, y cargar con el peso que también llevan sus antecesores: dejar una asignatura pendiente.
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