La Corte Constitucional falló una tutela a favor de los indígenas de las comunidades Achagua y Piapoco que habitan en el resguardo Turpial - La Victoria, quienes reclamaban el respeto y la protección a sus territorios sagrados, así como a las reservas forestales que allí existen.
Al parecer, la empresa Meta Petroleum Limited, operadora en Colombia de la compañía canadiense Pacific Rubiales, construyó carreteras en terrenos prohibidos por la ley, perjudicando los terrenos sagrados de los indígenas.
Según la tutela, parte de la reserva ha sido talada por aserradores furtivos, ha contaminado los yacimientos de agua así como se han incrementado los embarazos de niñas y adolescentes.
La tutela también dice que el oleoducto cruza el río Meta por un sitio sagrado y a menos de 50 metros de un asentamiento indígena que existe desde hace 80 años. También alegan los indígenas que la contaminación al agua es gravísima dado que los Achagua se autodenominan ‘Hijos del Agua’, razón por la cual realizan culto y ofrecen tributos a los espíritus del río.
Al parecer, los ministerios de Ambiente e Interior concedieron licencias a la petrolera para la construcción de carreteras y oleoductos, a pesar de que pasaban por terrenos indígenas. Mientras en la resolución que concede licencia al proyecto menciona la existencia de comunidades indígenas en la zona y se advierte que no se debe traspasar por ella, los constructores de la empresa rompieron las cercas y tumbaron los árboles del territorio.
La Corte Constitucional determinó que se debe reestructurar el proyecto de extracción petrolera de Campo Rubiales, a través de la consulta previa con los pueblos indígenas, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales a la libre determinación. Del mismo modo, la empresa deberá concertar con la comunidad la forma de mitigar los efectos generados por dicha extracción petrolera.
