Las 346 páginas que expuso el Estado, en el caso que sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, "es la intención del Gobierno de desaparecer a los desaparecidos".
Así lo expresó Jorge Molano, abogado de la familia de Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien era el administrador de la cafetería del recinto judicial y que, según comprobaron la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá, salió vivo el 7 de noviembre de 1985, en manos de militares. Desde entonces, se encuentra desaparecido.
Según Rafael Nieto Loaiza, defensor del Estado ante la CIDH, "nunca ha sido probado que Rodríguez Vera haya salido con vida o que su suerte haya sido definida por manos de autoridades militares", tal y como se lo indicó al diario El Tiempo el pasado martes.
A las palabras de Molano, ayer se sumaron las del abogado Rafael Barrios, representante también de las familias de los desaparecidos, al pedirle al Gobierno una rectificación por los argumentos llevados a la CIDH.
Y en ese tire y afloje ayer salió a relucir la inconformidad del Gobierno, por los alegatos de Nieto Loaiza ante el organismo interamericano.
Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aceptó la "improvisación" e incluso dijo "que el Estado no niega que haya dos desaparecidos reconocidos y debidamente probados que son la señora Irma Franco y el señor Urán".
A renglón seguido, Guillén expuso que sobre los demás desaparecidos "sigue existiendo un manto de duda" y aseguró que el Gobierno trabaja en la redifinición de los puntos estratégicos en la línea de defensa, de cara a la audiencia que enfrentará entre mayo y junio en la CIDH.
Los argumentos de Loaiza
A menos de cuatro meses de conocerse los alegatos finales y el fallo que deberá emitir la justicia interamericana, a la conclusión que llegó el defensor del Estado, Rafael Nieto, es que no hay pruebas para afirmar que hubo 11 desaparecidos durante los operativos de recuperación del Palacio de Justicia, ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Además, para el Estado colombiano lo ocurrido fue responsabilidad única y exclusiva de la guerrilla del M-19, y las personas desaparecidas murieron calcinadas por la acción del grupo armado. "Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio", expuso la defensa del Estado.
Incluso, Nieto Loaiza, quien aceptó que tres días antes de presentar el texto, asumió el caso, recalcó —como lo hizo cuando fue el apoderado del Estado en el caso de Santodomingo donde Colombia fue condenada por la CIDH—, que dicho tribunal no tiene competencia para juzgar violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), solo infracciones a la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
"Se confunden los procesos de responsabilidad internacional, que es lo que juzga la CIDH con casos de responsabilidad penal o administrativa. Lo que busca nuestra defensa es demostrar que no hubo responsabilidad del Estado". Algo que rechazó de tajo Jorge Molano. "En la sentencia por el caso de Santodomingo, la CIDH señaló que no puede producir condenas sobre el DIH, pero sí puede tomar el DIH como elemento de interpretación de violaciones a Derechos Humanos. El argumento de Nieto ha sido descartado por la misma Corte, con el reciente fallo de Santodomingo".
Por las desapariciones del Palacio de Justicia fueron condenados el coronel Alfonso Plazas Vega, el general Arias Cabrales, y el coronel Ediberto Sánchez Rubiano. La condena contra Plazas Vegas fue demandada en casación ante la Corte Suprema.
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