El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, anunció este miércoles que una comisión especial con apoyo de un comisionado de la OEA investigará la matanza ocurrida el pasado día 15 de junio durante un desalojo policial de campesinos sin tierras en una hacienda del nordeste del país.
En rueda de prensa, Lugo explicó que la comisión estará formada por referentes notables de la sociedad civil paraguaya y que la suya será una investigación independiente de la iniciada por los organismos jurisdiccionales del país.
Seis policías y once campesinos fallecieron en un enfrentamiento armado el pasado viernes en una hacienda de Curuguaty, a 350 kilómetros al noreste de Asunción, propiedad del conocido político y empresario Blas N. Riquelme.
Lo ocurrido fue un episodio de violencia insólito en Paraguay, país donde existe un enquistado conflicto por la posesión de tierras a causa de las masivas adjudicaciones irregulares que se produjeron durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89).
"La lucha por la tierra en nuestro país fue históricamente no violenta", recordó Lugo, para denunciar que, según las primeras pesquisas, los policías actuaron en Curuguaty con vocación pacifista y se vieron sorprendidos en medio de un protocolo de diálogo por la actuación de profesionales del delito que emplearon armamento de alto impacto.
El presidente aclaró que dará a conocer los nombres de los miembros de la comisión investigadora según se vaya formando y que ésta ofrecerá un marco de garantía internacional al proceso.
Lugo observó que su pretensión es que la ciudadanía conozca lo ocurrido sin las "turbulencias" que ocasionan las "apetencias políticas" y los distintos intereses económicos y sectoriales, pues la investigación tendrá la garantía de la solvencia ética de los comisionados.
Preguntado en la rueda de prensa por las amenazas de los opositores "colorados" de plantear un "juicio político" para lograr su destitución en el Congreso, el presidente sólo dijo que "estos reclamos obedecen a intereses sectoriales".
La masacre en la hacienda de Curuguaty ha supuesto el relevo del ministro del Interior y el comandante de la Policía, así como la imputación de cargos a medio centenar de campesinos.
