Cerradas están las entradas al pueblo, las puertas de los negocios. Vacías están las calles. Sus habitantes permanecen en la zozobra del que no sabe qué va a pasar.
Así estuvo ayer el municipio de Segovia, luego de los disturbios que se presentaron desde la una de la tarde del lunes. Parece un municipio fantasma decían los que caminaban las calles, porque ni las motos podían transitar y quienes se arriesgaban eran pocos.
Solo hasta Remedios, la localidad más cercana, estaba llegando el transporte público, incluso los vuelos aéreos estuvieron a punto de cancelarse, debido a las alteraciones del orden público.
Esta vez, cientos de personas permanecieron en una de las entradas al casco urbano evitando el paso, en protesta por la venta de los activos de la Frontino Golden Mines Ltd (FGM), en liquidación.
La noche del lunes fue larga para muchos de los habitantes que tuvieron que padecer los gases lacrimógenos que lanzó la fuerza pública, para controlar a los manifestantes. La revuelta dejó un saldo de 53 heridos, según informaciones del hospital.
Todo empezó con la carta que recibieron los trabajadores de la empresa el 18 de agosto en la que FGM les anuncia que el contrato laboral llegó a su fin.
De acuerdo con el presidente de Sintraminergética, Dairo Rúa, fueron despedidos 1.600 trabajadores, entre ellos incapacitados y mujeres embarazadas. Además, aún no se han pagado las pensiones de los jubilados ni las deudas a los acreedores.
"Esta empresa empezó un primer proceso de liquidación y no podía ser liquidada de nuevo", aseguró Rúa, quien advierte que los activos de la empresa no podían venderse sin consultar a los trabajadores.
Leonardo Marulanda fue uno de los que recibió la carta, con 19 años y 7 meses de trabajo, "y aún no me han dado ninguna liquidación, afirmó.
La nueva empresa
Zandor Capital adquirió los activos de esta compañía, que por 30 años permaneció en agonía y que ahora hace parte de una de las filiales de la compañía canadiense, Gran Colombia Gold, que inyectó en varios proyectos mineros en Colombia 297,5 millones de dólares, de los cuales 240 harán parte del capital de las minas de la Frontino, convirtiéndose en el mayor accionista de este proyecto minero, con el 95 por ciento de las acciones.
Los manifestantes exigen que les entreguen sus activos y aseguran que la empresa no podía venderlos debido a que hacen parte de una dación de pago que fue entregada por los anteriores dueños, a los trabajadores y jubilados de la empresa.
En opinión del presidente del Sindicato existe una protocolización de un documento, en la Notaría 9 de Medellín, en la que figuran los trabajadores como los auténticos dueños. Sin embargo, un Juzgado de Medellín declaró que la mina no es propiedad de los trabajadores y el tema fue declarado como cosa juzgada.
Pero no solo los ex trabajadores están cuestionando la llegada de los inversionistas extranjeros a la región. Los pequeños mineros temen que la pequeña minería se acabe. Para María Josefina Quiroz Gallego, de 53 años, una de las más de 300 mujeres dedicadas a la "huevería" como así la llaman, teme que ya no la dejen sacar oro. "Dicen que nos van a pagar el 70 por ciento de lo que sacamos y ellos se quedan con el 30 por ciento. No puede ser que trabajemos para ellos".
Una inversión social
El vicepresidente de Zandor Capital, José Oro, asegura que antes ninguna compañía extranjera había querido invertir en este proyecto por no sanear el pasivo pensional de la FGM, "hemos entregado 380.000 millones de pesos para ello y otros 70.000 millones de pesos para la liquidación de los trabajadores", destacó y aseguró que, "muchos de los mineros ya no tienen nada".
Oro negó que la empresa haya despedido el personal, quien lo hizo fue la empresa en liquidación FGM y no Zandor. Por el contrario aseguró que reengancharon 1.180 trabajadores, "a quienes les garantizamos trabajo por un año, con mejores garantías de las que tenían", además, "con los planes de desarrollo que tiene Zandor Capital será necesaria la contratación de 2,5 veces más del personal que hoy existe".
Pero esto no es lo mismo que piensan los manifestantes, quienes ayer, al final de la tarde continuaban apostados en el sector de la electrificadora y esperarán hasta hoy a las 12 de la noche para definir como van a continuar en el paro.
Para Rúa la única decisión aceptada por ellos será la entrega de los activos, que ellos consideran suyos. "De aquí no nos vamos, nos tendrán que matar".
Por su parte, el representante de la Zandor dijo que el único dueño del subsuelo es el Estado de Colombia, "no es justo que haya tanta pobreza encima de tanta riqueza, por eso "Zandor Capital llegó a Segovia para quedarse y aportar en el desarrollo de la región".
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