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HISTÓRICO
Paro judicial, una bomba de estado a punto de colapsar
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    Paro judicial, una bomba de estado a punto de colapsar |
Colprensa | Publicado el 23 de octubre de 2014

La vulneración del derecho a la defensa y un choque de opiniones entre funcionarios hacen parte del negativo balance que arrojan 15 días de paro judicial de los funcionarios de la rama en el país.

Las cifras aunque no son oficiales señalan que 150 mil ciudadanos han resultado afectados por este cese de actividades y, al menos, 30.000 procesos fueron devueltos porque no hay jueces para atenderlos.

La huelga, que comenzó el pasado jueves 9 de octubre, fue motivada por el incumplimiento del Gobierno en la nivelación salarial, la mejora en las condiciones laborales y las denuncias sobre la burocracia en la Fiscalía, según recordó el vicepresidente de Asonal Judicial, Gustavo Martínez.

“El paro no es ilegal y es justo”, con esta arenga unas cinco mil personas pertenecientes a la rama judicial marcharon este jueves desde los Tribunales de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar para pedir al Gobierno Nacional que se siente a negociar.

Gustavo Martínez vicepresidente de Asonal Judicial, expresó “para el día de hoy queremos hacer un llamado directo al Gobierno Nacional para que habrá la mesa de negociaciones. El Presidente debe tomar cartas en el asunto pues las necesidades de la rama, y el presupuesto no esperan más”.

Agregó, “hay que aclarar que las peticiones son justas; es cierto que hay anormalidad judicial, pero la gente debe entender que estamos pidiendo un presupuesto justo”.

Sin 10.000 audiencias
No todos están de acuerdo con el cese de actividades, que afecta de manera grave la administración de justicia. A los 15 días del paro judicial, el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, alertó sobre la gravedad de la situación.

“Estamos pidiendo que se sienten a dialogar, aunque los Magistrados no estamos participando de esta protesta, no hemos podido atender el público y por cada sala en la que no nos han dejado ingresar se dejan de realizar en promedio 30 ó 40 audiencias”, dijo el magistrado Eduardo Carvajalino, presidente del Tribunal de Superior de Bogotá.

Pero la crisis no se detiene ahí. En extraoficialmente se conoció que a la fecha en Bogotá no se han efectuado 7 mil audiencias, y a diario se aplazan 600 audiencias públicas.

Sin contar que los despachos judiciales producen semanalmente 4.600 decisiones de fondo. Esto permite calcular que las que se han dejado de tomar llegan a 50 mil.

El paro hizo que se aplazará hasta el próximo año el juicio por la muerte del líder político Luis Carlos Galán, otro proceso afectado fue la solicitud de medida de aseguramiento en contra de la ex contralora Sandra Morelli, pues por la protesta no se ha podido designar la diligencia.

Asimismo, procesos como el de la muerte del político de la Costa Efraín Ovalle, están detenidos. Aunque la Fiscalía decidió imputar cargos por este crimen al cantante vallenato Jorge Oñate, no se puede programar la fecha para esa diligencia.

Al respecto, el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado ha aclarado que con la protesta se ha intentado afectar lo menos posible a la comunidad como lo son: “Habeas Corpus, libertades y tutelas con compromiso de vida y salud se están realizando. Además, las unidades de reacción inmediata siguen abiertas con los procesos de judicialización urgente”.

Tira y afloje de la negociación
El fiscal Eduardo Montealegre ha rechazado la medida al reiterar que considera la protesta injustificada ha destacado los avances de la reforma judicial.

"La reforma representó un incremento salarial para más de 10.500 servidores de la Entidad, simplemente como resultado de la aplicación de las equivalencias contenidas en el Decreto Ley 17 de 2014”.

Agregó, además, que “con la reestructuración de la Fiscalía se tiene previsto la posible creación de cerca de 3.000 nuevos empleos en todos los niveles jerárquicos, lo cual permitirá aliviar la carga laboral de los Fiscales Delegados, asistentes de fiscal y servidores de policía judicial”.

Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte Gómez, expidió un comunicado haciendo "un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional, en especial al Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que sean asignados los recursos que le permitan a la Rama Judicial dar continuidad a las medidas de descongestión, ya que de lo contrario muchos ciudadanos serían afectados en la resolución de sus conflictos judiciales".

Ricaurte señaló que las medidas de descongestión solo están aseguradas hasta el 15 de noviembre y, para culminar el año, se requieren 73 mil millones de pesos.

Hasta el momento el Gobierno Nacional no ha dado una respuesta a estas peticiones, mientras la situación se agrava, pues se suman al cese de actividades los sindicatos del Inpec, Fiscalía y las Altas Cortes.

Otra cifras
A esto también se le debe sumar la desobediencia y la huelga de hambre por parte de los internos de varias cárceles del país y el plan reglamento al que se han unido 70 centros penitenciarios de todo el territorio nacional.