En un país como el nuestro, lleno de falencias e inequidades que agobian a la gran mayoría de los ciudadanos, lo que se traduce en la desestabilización social que se manifiesta a través de hechos violentos que seguimos lamentando, sin que exista todavía una respuesta clara, eficaz y oportuna por parte del Estado, bien valdría la pena implementar mecanismos verdaderamente transparentes e incluyentes para acceder a altas dignidades públicas.
El Gobierno que recién comienza se propone realizar algunas reformas a la actual estructura del Estado, seguramente con propósitos de mejorarla, pero ojalá éstas no se limiten a paños de agua tibia o a reformas parciales y coyunturales para atender compromisos políticos que en poco o nada coadyuvan a la solución de los graves problemas que la aquejan y que la mantienen hoy en día aislada de la realidad social.
Colombia está calificada como uno de los países más corruptos del mundo, con abismales pérdidas de recursos públicos y cuenta además con unas deficientes administraciones que, en vez de cooperar, impiden el desarrollo de importantes conglomerados sociales, ante la mirada impávida y una ausencia casi total de quienes deben velar por la gestión fiscal, por los intereses de la sociedad, por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
Y es que mantener la independencia y ejercer imparcialmente las funciones asignadas a altos servidores del Estado, es muy difícil, ya que cuando asumen sus cargos llegan totalmente maniatados por los compromisos adquiridos con quienes los eligieron o nombraron, previo el lobby de rigor. Como ejemplo, veamos cómo operan algunas designaciones en nuestro medio: Los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República de ternas que le presentan el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado son nombrados por la respectiva corporación, de nombres enviados por el Consejo Superior de la Judicatura; los seis magistrados de la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, son elegidos dos por la Corte Suprema, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado, y los siete de la Sala Disciplinaria son elegidos por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno.
Igual ocurre con los órganos de control, pues el Contralor General de la República es elegido por el Congreso en pleno, de terna conformada por un candidato de la Corte Constitucional, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado. El Procurador General de la Nación es elegido por el Senado de terna integrada por el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Los contralores departamentales o municipales surgen de ternas conformadas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y son elegidos por las asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales. Los personeros son elegidos por los respectivos concejos municipales.
A nivel regional estos funcionarios deben someterse, no sólo a los procedimientos establecidos por los tribunales, sino a las exigencias de las dumas o concejos y a las intervenciones soterradas de quienes van a ser controlados, máxime cuando tienen incidencia sobre las coaliciones de las respectivas corporaciones, en detrimento de la independencia y de un eficiente control fiscal y disciplinario.
Es sabido que para poder acceder a tan importantes cargos, los aspirantes, no sólo deben ser amigos o allegados o recomendados ante quienes intervienen en la decisión de seleccionar, sino tener la suficiente capacidad física y económica para trajinar por el tortuoso recorrido de invitar a cocteles y cenas, asistir a supuestas entrevistas, exposiciones, interrogatorios, recibir toda clase de intrigas y hasta chantajes de quienes los postulan o de quienes les corresponde nombrarlos o elegirlos.
Por lo que el nuevo Gobierno, que goza de un gran capital político, debería comenzar con una verdadera reestructuración de la administración pública otorgando los roles de manera técnica a las distintas dependencias e instituciones. Por ello comparto la posición de algunos columnistas cuando solicitan que la administración de justicia debe dedicarse a impartirla y no a otros quehaceres que la desgastan.
Si existe verdadera decisión de combatir la corrupción y de darles a los organismos de control y demás dignidades todas las herramientas para que puedan ejercer las funciones con total transparencia e independencia y desprovistos de presiones indebidas, la mejor opción sería lograr que el proceso de selección sea encomendado a universidades con acreditación de alta calidad, mediante un estricto concurso de méritos al que tengan acceso todos los interesados que reúnan los requisitos de ley y de probada idoneidad moral, ética y profesional.
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