Se espera que varios proyectos importantes para infraestructura vial de Colombia se adjudiquen en los próximos meses. No obstante, algunos potenciales desarrolladores han expresado su preocupación frente a la cantidad de riesgos que puede acarrear la concesión de dichos contratos.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), procura empezar la adjudicación de la "cuarta generación" de concesiones de carreteras en 2014, con los 19 ganadores que esperan conocerse entre abril y junio. En fila hay, por lo menos, 25 proyectos con un valor de más de 21 mil millones de dólares, incluidos los tramos del megaproyecto Autopistas de la Prosperidad.
El sector privado ha mostrado un fuerte interés inicial en los proyectos viales de cuarta generación, pues decenas de empresas locales e internacionales ya han presentado sus ofertas. Sin embargo, los inversionistas potenciales han expresado algunas dudas.
Señalan dificultades y retrasos en el pasado para obtener licencias ambientales, ausencia de servicios públicos en áreas de construcción y complejidad del esquema de "consulta previa", el cual obliga a un diálogo con las comunidades afectadas antes de iniciar el desarrollo.
Una mejor coordinación, en teoría, debería conducir a una más rápida resolución de las negociaciones con las comunidades locales y a un diálogo más fluido con la autoridad en materia ambiental.
Aunque esto trae mejoras, a varios inversionistas les preocupa que los desarrolladores tengan que asumir riesgos de cambios legislativos durante un cuarto de siglo.
"En 25 años de concesión vamos a presenciar, sin duda, gobiernos distintos, y consecuentemente posibles reformas fiscales y tributarias. En este sentido, es muy difícil medir contingencias. Este es un riesgo inherente al Estado", comenta Eleuberto Antonio Martorelli, presidente en Colombia de la firma brasileña Odebrecht.
En concordancia, Bernardo Serafim, presidente de la multinacional Andrade Gutiérrez, señala que "para mantener la confianza de nuestros inversionistas necesitamos que el sector público escuche nuestras peticiones y ajuste el balance de riesgos". Y lo dice reconociendo el potencial de Colombia en infraestructura y el interés que despiertan estos proyectos.
Por ahora, hay avances específicos en lo que era otro palo en la rueda para los constructores de infraestructura: la adquisición de los terrenos necesarios. Mediante la Ley de Infraestructura, aprobada en diciembre pasado, se da la posibilidad de aplicar la expropiación administrativa en plazos más cortos.
Esta nueva ley también regula la interacción entre instituciones que participan en las concesiones, incluyendo los responsables de las licencias ambientales como a las autoridades locales.
*Editor general de Oxford
Business Group (OBG).
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