Siete años después de la masacre, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos a cuatro militares acusados de permitir los asesinatos de ocho personas a manos de miembros de las autodefensas en las veredas La Resbalosa y Mulatos, en San José de Apartadó.
El uniformado de mayor rango cobijado con la sanción impartida por el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Rafael José Durán Mantilla , es Guillermo Gordillo Sánchez , entonces capitán y comandante de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería No. 47.
Lo mismo sucede con los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega y el capitán Óscar Gerardo Omaña García , comandante de la Compañía Alacrán del Batallón No. 33.
Al sustentar su decisión, la Procuraduría indicó que la operación culminó “con una grave infracción al derecho internacional humanitario, como muestra fehaciente del desbordamiento de la función constitucional asignada a la Fuerza Pública en conflicto armado”.
Agregó que los militares omitieron “el deber estatal de proteger en sus derechos a los ciudadanos que resultaron víctimas”.
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