La última vez fue en Bucaramanga, el pasado 28 de julio, pocos días antes de asumir su segundo período, con ocasión del 25 Congreso Nacional de Municipios.
Allí el Presidente, además de agradecer a los alcaldes su ayuda para la reelección ("sé que la inmensa mayoría de ustedes hizo todo, todo lo que estuvo a su alcance de espíritu y corazón"), pidió a los mandatarios locales y a sus asesores que ayudaran a encontrar una fórmula para que el Congreso aprobara una reforma constitucional, de modo que los períodos del presidente, gobernadores y alcaldes comenzaran y terminaran en la misma fecha.
No hubo en ese momento referencia explícita a que esa fórmula implicara la extensión del mandato de los actuales gobernantes municipales y departamentales, pero como el mensaje presidencial fue ambiguo y no excluyó expresamente tal posibilidad, muchos han interpretado tal propuesta como una promesa del Jefe de Estado de ampliar los períodos otorgados por la ciudadanía en las urnas el 30 de octubre de 2011.
Entonces tenemos a muchos alcaldes, y probablemente a varios gobernadores, confiando en que el Congreso, con la comprometida ayuda del Gobierno Nacional, aprobará un acto legislativo que prorrogue sus mandatos. Así, no terminarían funciones el 31 de diciembre de 2015, sino el 7 de agosto de 2018. Dos años y siete meses más de mandato, concedidos por obra y gracia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, en sustitución de la voluntad directa del constituyente primario que otorgó un mandato acotado y específico de cuatro años.
Pues bien: no hay que desmenuzar con ánimo exhaustivo la teoría política y la jurisprudencia colombiana para llegar pronto a la evidencia de la flagrante inconstitucionalidad de la que adolecería una reforma de tales alcances.
Si en su momento se habló de "sustitución de la Constitución" ante el intento del anterior presidente de introducir una segunda reforma constitucional para abrir la posibilidad de un tercer mandato presidencial, para lo cual se convocaría un referéndum, no es menos dañina -política, legal e institucionalmente- esta posibilidad de la que se habla ahora y que, entre otras cosas, puede estar quitando velos a promesas de campaña que a lo mejor no se hicieron en público ni con suficiente luz.
Obviamente, podrá discutirse la propuesta de la coincidencia de períodos -cuya conveniencia tampoco es que esté fuera de toda duda- pero descartando desde ya esa vía de hecho que significaría prorrogar los mandatos actuales.
Entre otras cosas, se citan como pretexto para impulsar la propuesta las "dificultades" y "obstáculos" que implica para alcaldes y gobernadores la aplicación de la ley de garantías electorales.
Es también un argumento engañoso. La ley de garantías electorales no se generó por capricho ni con el propósito de obstaculizar la gestión pública. Fue debatida y aprobada por el Congreso ante el conocimiento y constancia directa que los propios parlamentarios tienen de cómo se hace política para conseguir réditos electorales. Antes que estigmatizar la ley de garantías, deberían esmerarse en cambiar la forma de hacer política.
EL VERDADERO EQUILIBRIO DE PODERES DEBE NACER DESDE LAS REGIONES
Por OMAR FLÓREZ VÉLEZ
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
El Congreso de la República y el Gobierno Nacional tienen la excepcional oportunidad de diseñar una estructura constitucional que garantice no solo el equilibrio de poderes entre las diferentes ramas del poder público, en lo cual se sustenta nuestra democracia, sino también con respecto al equilibrio entre los poderes nacional, regional y local, con miras a posibilitar el Buen gobierno, el uso racional y eficiente de los recursos públicos y contribuir al éxito de las tareas inherentes al anunciado posconflicto, que en buena parte recae en los gobernantes locales y regionales que tienen que atender a 6 millones de personas desplazadas, de las cuales el 70% los albergan las ciudades capitales e intermedias.
Con iguales periodos de gobierno y la articulación armónica de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, sin duda alguna, se contribuye a la efectividad en la gestión gubernamental, la racionalización del gasto y a superar la paralización de la administración pública, originada en la Ley de Garantías. El verdadero equilibrio de poderes debe nacer desde las regiones, pues Colombia es un país de regiones; la mejor contribución al éxito del posconflicto es fortalecer la democracia y la institucionalidad local y regional.
