Aunque el vertimiento de crudo en las vías del Putumayo hizo voltear la atención del Gobierno Nacional, muchos son los problemas que afligen actualmente a esa región en la que indígenas y sectores sociales, continúan esperando respuesta a sus exigencias en materia de salud, educación y seguridad.
El pasado 28 de julio, después de recorrer las zonas del departamento afectadas por el derrame de petróleo a manos de la guerrilla de las Farc, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, anunció que llegarían refuerzos a la zona y que las operaciones de las Fuerzas Armadas se intensificarían en el suroccidente del país.
Aun así, la mesa regional de organizaciones sociales, sindicales, indígenas, negritudes, campesinas y juveniles de Putumayo, argumenta que el departamento requiere mayor inversión social y menos concentración militar en la zona civil.
“Exigimos una verdadera inversión social que garantice el cumplimiento de las necesidades de los putumayenses, evitando tanto protocolo y dejando a un lado la costumbre de entregarle responsabilidades a la empresa petrolera que atenta contra la integridad del pueblo”, señala Jaime Cardona, líder del municipio del Orito.
Amplaición de licencias ambientales
Precisamente, la presencia petrolera en la zona no ha calado muy bien en algunas poblaciones en las que, aseguran, no hubo una consulta previa ante las licencias ambientales que ha otorgado el Ministerio de Medio Ambiente, como la licencia 0551 que causó la protesta de cerca de 25 mil campesinos de 56 veredas, por la ampliación del tiempo de operación de la empresa petrolera Vetra en la región.
Esta misma empresa se vio afectada el pasado mes de julio, cuando las acciones del frente 48 de las Farc obligaron a los conductores a derramar sobre la vía el crudo que transportaban en sus camiones, contaminando las aguas de los ríos Guamez y Putumayo, que ya se encuentran en emergencia ambiental.
Según los líderes sociales, la infraestructura petrolera pone en peligro no solo al medio ambiente, sino a la población que padece los constantes ataques de las Farc, que buscan dar un golpe a la economía nacional con la voladura de torres energéticas y oleoductos de la zona.
“Pedimos al Gobierno Nacional la detención del exterminio de la fauna y flora y hasta de la raza humana, como producto de las fumigaciones sentenciadas en el territorio y de la incrementación petrolera que afecta el derecho a un ambiente sano”, piden los indígenas en una misiva entregada al alto Gobierno.
Promesas de la reelección
El tema de la fumigación también es un dolor de cabeza para la población del Putumayo que hoy exige la presencia del presidente Juan Manuel Santos, para que cumpla con su promesa de erradicar la fumigación con glifosato.
El jefe de Estado, quien resultó vencedor en la elección presidencial en Putumayo, prometió durante su campaña que no iba a fumigar por aspersión aérea y que se impulsaría la erradicación manual, unida a una alta inversión social para los municipios afectados por los cultivos ilícitos.
Hoy, pequeños productores de las veredas de La Paz, Pedregosa y José María, entre otras, denuncian la pérdida de sus cultivos y de la salud de sus familias a causa del uso de estos químicos que pensaron se irían de la región con la reelección de Santos.
La respuesta del Gobierno
Para solucionar el conflicto el Icbf y el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, encabezan este lunes, la coordinación de diversas mesas temáticas con representantes de la comunidad de Puerto Asís, para canalizar las exigencias de la población.
Aunque al evento estaban citados los ministros de Transporte, Cecilia Álvarez; de Salud, Alejandro Gaviria, y de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, fueron delegados los que escucharon las peticiones de la comunidad.
Por su parte el director del DPS, Gabriel Vallejo López, asegura que el interés que tiene el Gobierno del presidente Santos “es el de atender con prontitud los principales problemas de la región y adecuar las exigencias inmediatas de la gente”.
Aun así, a las afueras del recinto en el que se cumple la reunión de las mesas de trabajo, bajo el sol inclemente, cerca de cien campesinos e indígenas del Putumayo reclamaron no tener participación genuina en las mesas, pues fue hermética la convocatoria para el diálogo.
“La lucha por la defensa de nuestro territorio no se puede estipular en unas mesas de trabajo con fines presupuestales sin escuchar las propuestas de los pobladores, teniendo en cuenta que los compromisos entre instituciones solo aseguran su futuro vicioso al asistencialismo”, aseguran los líderes sociales y agregan que en cada reunión, el Gobierno Nacional envía delegados distintos lo que dificulta la continuidad del trabajo y el pacto de acuerdos concretos.
Durante el diálogo se debatirá sobre la construcción de dos hospitales de segundo nivel en los municipios de Mocoa y Puerto Asís, así como el impacto ambiental por el derrame de petróleo que afecta humedales, quebradas y ríos.
En otras mesas se discutirá la problemática de electrificación y transporte que hoy tiene bloqueadas varias vías en Putumayo. La construcción y adecuación de vías primarias, secundarias y terciarias, será uno de los mayores retos.
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