Una mujer, madre de una niña de tres años, que cumple una condena a 13 meses de prisión en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá por haber quemado una alfombra y dañado una estufa en la casa que alquilaba en esa ciudad, es uno de los casos que analizan los integrantes del Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), dirigido por el abogado Juan Carlos Cárdenas.
A la mujer no se le ha concedido el beneficio de casa por cárcel a pesar de ser madre cabeza de familia y que tiene a su hija al cuidado de una conocida, porque no tiene familiares en Bogotá, explicó un vocero del programa.
A esto se suma que no se tuvo en cuenta que el monto de los daños era inicialmente de 400.000 pesos y luego el reclamo se incrementó a 1,4 millones de pesos; "una cuantía que resulta mínima para estar recluida en un centro penitenciario".
Para buscar solución a casos como este, el centro educativo firmó un memorando de entendimiento con la Vicepresidencia de la República para visitar durante el segundo semestre 12 cárceles del país. Entre ellas la de Bellavista, en Bello.
Su función será revisar los expedientes de las personas condenadas y sin recursos económicos para verificar el cumplimiento de sus derechos (casa por cárcel, libertad condicional, mecanismos de vigilancia electrónica) y encontrar posibles arbitrariedades en sus procesos.
Los hallazgos
La primera jornada se realizó el lunes, en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá, donde atendieron a cerca de 300 internas que también recibieron capacitación en derechos humanos por parte de la Vicepresidencia.
Encontraron, entre otros, los casos de una mujer de 85 años quien todavía está recluida; otra que hace cinco meses cumplió su condena y no ha recuperado su libertad; y otras que no saben cómo inscribirse a los programas de educación y trabajo que les permitirían una rebaja de pena.
La Vicepresidencia realizó un conversatorio sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en el que participaron las reclusas y los funcionarios del Inpec.
Las apreciaciones expuestas serán tenidas en cuenta para la elaboración de la Política Pública Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que lidera el vicepresidente Angelino Garzón, en todo el país.
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