En las calles de las principales ciudades del país coincidieron ayer las quejas de miles de universitarios. ¿Por qué protestan? La respuesta clara es la propuesta de reforma a la ley que rige la educación en el país, una iniciativa que defiende totalmente el Gobierno Nacional y que tiene cierto apoyo en las directivas académicas de las universidades.
La explicación de la movilización de los estudiantes, no obstante, tiene un fondo. Los universitarios no se consideran incluidos ni escuchados en la construcción de la propuesta que radicó la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, ante la Cámara de Representantes el 3 de octubre.
Así lo explicó Carlos Galeano, estudiante de la Universidad de Antioquia que ha estado al tanto de la posición de los movimientos nacionales estudiantiles frente a la propuesta de reforma.
Desde el Centro Administrativo La Alpujarra, donde estaba previsto que finalizará la marcha local, Galeano opinó ayer al mediodía que fueron pocos los foros que ofreció el Ministerio de Educación en la ciudad para construir el proyecto final. En los que se hicieron se presentaron quejas y propuestas que, según él, no fueron tenidos en cuenta.
La Ministra refuta ese argumento al decir que antes de radicar la reforma se hicieron foros en los que participaron más de 4.500 personas, la mayoría estudiantes de las universidades públicas.
Quienes sí reconocen que han tenido voz en la elaboración del texto son los miembros del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE). Informaron que algunas de las propuestas presentadas por ese organismo fueron tomadas por el Ministerio, "así mismo, varios aspectos del articulado original del proyecto y producto de los debates que se dieron, fueron eliminados por el mismo Gobierno, aceptando que eran inconvenientes".
Así las cosas, el SUE le pidió al Congreso abordar el proyecto, pero lo estudiantes quieren que sea retirado.
La diferencia entre las posturas se debe a que las organizaciones estudiantiles consideran que los recursos que aportaría la reforma no son suficientes para la financiación de la universidades públicas en el país. Frente al tema, María Fernanda Campo asegura que a las instituciones de educación superior se destinarán 6,46 billones de pesos.
El tema de la financiación es uno de los que lleva a los directivos del SUE a estar de acuerdo con que es urgente reformar la normatividad vigente, Ley 30 de 1992.
Desde el Gobierno anterior también se habló de cambiarla porque está desactulizada con la realidad académica del país y el actual considera necesario el cambio para cumplir con las metas de cobertura.
Los universitarios, como lo ha dicho Víctor Javier Correa Vélez, de la Mesa Amplia Regional de Estudiantil de Antioquia (Marea), coinciden en que se requiere reformar la ley. Carlos Galeano cree lo mismo, que es necesaria una nueva legislación, pero no la propuesta por el Gobierno sino la que exigen las organizaciones estudiantiles: una que aporte más recursos.
A Danilo Reinaldo Vivas, presidente del SUE, le preocupa que si la reforma no se hace pronto dejarán de llegar dineros que el sistema necesita ya. Por eso desde ese organismo piden al Congreso "abordar este proyecto con la profundidad que demanda el impacto que tiene para el futuro del país. Reiteramos la voluntad de acompañar con argumentos y evidencias los diferentes debates que esta instancia legislativa promueva".
¿Y si es retirado qué viene? Carlos Galeano respondió que desde Marea están trabajando en un modelo de sistema universitario que serviría de fondo para una propuesta de reforma que podrían negociar con el Gobierno Nacional.
El sábado se hará otra reunión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Bogotá.
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