La imputación de cargos contra Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias desató una reacción inmediata en la junta directiva de Ecopetrol. Según reveló El Tiempo, minutos después de que el juez 35 de control de garantías de Bogotá legalizara la imputación, los miembros del máximo órgano de dirección recibieron mensajes en sus celulares informando que la reunión programada para el viernes sería adelantada de manera urgente para la tarde del jueves 11 de marzo.
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La sesión extraordinaria comenzó pasadas las 4:30 de la tarde y se extendió durante cerca de cinco horas. Aunque al final solo se publicó un breve comunicado en el que la junta señaló que continuaba actuando conforme a sus deberes fiduciarios y a los protocolos corporativos, el diario capitalino estableció que el encuentro se centró en evaluar las implicaciones jurídicas y empresariales que enfrenta Roa, especialmente frente a autoridades colombianas y de Estados Unidos.
Durante la reunión también se abordó la segunda imputación de cargos que enfrentará Roa el 8 de abril por presunta violación de topes electorales, relacionada con su papel en la gerencia de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En ese contexto, la discusión dejó de centrarse únicamente en el respaldo político a su permanencia y pasó a enfocarse en la aplicación de normas de gobierno corporativo, que incluyen informar la situación a autoridades estadounidenses y al mercado.
Roa participó en la sesión tras salir de la audiencia judicial. Durante unos 20 minutos agradeció los apoyos recibidos y expuso su interpretación sobre la imputación. El caso se relaciona con la compra del apartamento 901 en el norte de Bogotá, inmueble donde reside el directivo.
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La Fiscalía confirmó que el expolicía Juan Guillermo Mancera habría sido el intermediario en el negocio inmobiliario y realizó pagos del inmueble en cuotas sin intereses y por debajo del valor comercial. El apartamento, que tenía un avalúo de 2.727 millones de pesos, fue vendido a Roa por 1.800 millones y está vinculado al inversionista petrolero Serafino Iacono.
Según el ente acusador, Roa habría ejercido presión para que meses después una empresa ligada a Mancera, Gaxi S. A. ESP, recibiera un contrato de gas a través de una filial de Ecopetrol, la compañía Hocol. En la audiencia se mencionaron tres reuniones documentadas en las que, según la Fiscalía, se habría intentado influir en el entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas Cuellar.
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