Agentes de policía, bajo la dirección de un juez instructor, llevaron a cabo este martes registros en el domicilio del expresidente francés Nicolas Sarkozy y sus despachos profesionales en París, en el marco de la investigación por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral en 2007.
El diario Le Monde reveló que fue el juez Jean-Michel Gentil, que se encarga del caso de la multimillonaria heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, quien estuvo al frente de estos registros en el palacete de la mujer de Sarkozy, Carla Bruni, y en los despachos del anterior jefe del Estado, que desde el pasado 16 de junio ya no dispone de inmunidad presidencial.
Los registros los llevaron a cabo bajo las directrices del magistrado, una decena de policías de la brigada financiera en ausencia del exmandatario y de su mujer, que se encuentran en Canadá.
Sarkozy es investigado porque supuestamente recibió a través de su entonces tesorero, Éric Woerth, 150.000 euros para su campaña en 2007, cuando fue elegido presidente, recordó Le Monde.
Woerth, quien fue ministro durante la presidencia de Sarkozy y tuvo que dimitir por su implicación en el caso Bettencourt, está imputado por recibir a comienzos de 2007 dinero en efectivo de la multimillonaria y de su esposo André (ahora fallecido). Se sospecha que ese dinero debía servir para ayudar a la victoria en las elecciones presidenciales de ese año del que era en ese momento ministro del Interior.
Otros testimonios recogidos en la fase de instrucción hablan de visitas del propio Sarkozy al palacete de los Bettencourt en Neuilly, una ciudad limítrofe con París con una de las mayores rentas per cápita del país y de la que el expresidente fue alcalde.
Anticipándose a posibles iniciativas de la Justicia ante el fin de su inmunidad, el anterior jefe del Estado había encargado a sus abogados que pusieran en manos del juez sus agendas para que pudiera comprobar que no había traza de visitas sospechosas a esa familia de millonarios.
El nombre de Sarkozy también apareceen otras instrucciones judiciales sobre financiación ilegal, la primera referida a la campaña presidencial de Edouard Balladur en 1995 a través de presuntas comisiones de contratos de armas con Pakistán que salieron a la luz con un atentado en Karachi contra ingenieros y técnicos franceses que trabajaban en la fabricación de submarinos. El otro caso tiene que ver con el testimonio de un antiguo hombre próximo al derrocado líder libio Muamar Gadafi, que afirma que el exmandatario africano pagó 50 millones de euros para que Sarkozy llegara a la presidencia de Francia.
