Pese a que el presidente Juan Manuel Santos anunció que el sistema de salud vivirá un cambio estructural de administración y manejo para garantizar que las personas tengan acceso a un plan de beneficios suficiente e igual para todos, hay dudas de que este compromiso se haga realidad.
El escepticismo se incrementó tras las declaraciones del ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, quien aterrizó los planteamientos del Presidente. Mientras que Santos prometió un plan de beneficios universal "donde no será excluida ninguna enfermedad", el ministro aclaró que se atenderán todas, excepto "algunas huérfanas".
La exclusión despertó críticas, pero también confusión. En especial entre las asociaciones de pacientes que padecen alguna de las 7.000 enfermedades raras documentadas.
"En este momento se atienden todas las patologías con un listado fijo de medicamentos y de procedimientos, y ahora se va a realizar un listado de patologías, eso es contrario a lo que dijo el presidente, porque se restringirán algunas", afirmó Néstor Álvarez, vocero de los pacientes con enfermedades catastróficas y de alto costo.
Sumado a las contradicciones entre lo que dice el presidente y lo que aclara el ministro, está el hecho de que los cambios se harán mediante decretos reglamentarios, herramientas que sirven para hacer modificaciones que no pueden pasar por encima de una ley, en este caso de la 1438 del 2011, que ya reformó el sistema de salud.
Según el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, los decretos no permiten tocar las funciones administrativas de las EPS, así como la integración vertical (empresas con sus propios prestadores de servicio, donde el dinero pasa de un bolsillo a otro, pero del mismo dueño).
Giraldo sostiene que al realizar los cambios mediante decretos reglamentarios, el Ministro que se encargue de la cartera de salud de la siguiente administración puede modificarlos de nuevo o echarlos para atrás, alegando la necesidad de hacer una nueva reforma al sistema.
Sin embargo, enfrentar un nuevo trámite de ley en el Congreso es un proceso que parece no estar dispuesto a asumir el Gobierno, más aún cuando la 1438 lleva tan solo ocho meses de vida.
Hoy este gremio está esperanzado en que en el Congreso empiece el trámite del proyecto de ley presentado por el senador Jorge Eliécer Ballesteros, que redefine las funciones de las EPS, para que se encarguen sólo de tareas administrativas y de gestión en salud, sin tocar los recursos: "Si el Gobierno tiene la voluntad política se puede hacer", opina Giraldo.
El S.O.S. de los hospitales
Otro de los anuncios que hizo el Presidente, este sí ratificado por el ministro, es la inyección de un billón de pesos para sanear la deuda con los hospitales de la red pública, y que los tienen en varias regiones del país a punto de colapsar.
Sin embargo, para la directora de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Acesi), Olga Lucía Zuluaga, "la difícil situación de la red pública no se soluciona con el billón de pesos que están prometiendo, que no es nada diferente al concepto por los servicios que ya ha prestado la red pública hospitalaria".
Zuluaga dice que es necesario que el Gobierno, en este revolcón que piensa hacer, establezca la conciliación de cuentas entre las EPS y los hospitales, porque ambos manejan montos distintos entre lo que les deben las primeras a los segundos. Añade que el Gobierno debe establecer un plazo máximo para hacer dicha conciliación, para recuperar los dineros que aún están extraviados.
El presidente de la ACHC cree que el Gobierno debe reaccionar frente al problema en el flujo de recursos, que no pasan con la agilidad que se requiere de EPS a hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, una situación que se debe corregir antes de que la red pública colapse, como teme el propio Santos.
Junto con la inyección de capital, el Gobierno anunció que reglamentará la creación de una política de fortalecimiento de los hospitales públicos. En este punto se tendrá que definir cómo darles fuerza a estas entidades, que generalmente cubren servicios que no son rentables, como las hospitalizaciones y las urgencias, pero que no pueden dejar de prestarse.
Menos EPS
Uno de los puntos que espera resolver el Ejecutivo mediante el paquete de decretos reglamentarios, que empezarán a salir en octubre, es disminuir el número de EPS.
Este tema fue bien acogido por Acemi, la agremiación que acoge las principales EPS del país. "Es importante para el país tener EPS sólidas, que continúen realizando su gestión de aseguramiento encomendada por la Ley dentro de un programa de mejoramiento continuo en beneficio de sus afiliados", dijo su vocera, Nelsy Paredes.
No obstante, para la señora Zuluaga, la medida podría tener dos riesgos: uno, que al liquidar o cerrar las EPS, las que queden creen monopolios que tendrán una posición más dominante con los hospitales y clínicas; y segundo, que una vez liquidadas las EPS, no paguen las deudas.
Lo que sí se puede resolver
La reestructuración a la Superintendencia de Salud será realidad mediante la reglamentación que fortalecerá la institución como el ente vigilante encargado de la salud, con apoyo de la Superintendencia Financiera en los temas fiscales.
Otras instituciones que también serán reformadas serán el Invima, el Instituto Nacional de Salud y la Comisión de Regulación en Salud (Cres), que se encarga de la actualización de los planes de beneficios.
Los programas de formación de los profesionales de la salud, así como los esquemas de contratación serán revisados en este revolcón. De igual forma, el Gobierno pondrá la lupa en mejorar la capacidad resolutiva de los médicos generales y en la redistribución de los especialistas, de acuerdo con las necesidades en las regiones del país.
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