El exalcalde Alonso Salazar Jaramillo cometió una irregularidad disciplinaria grave, al intervenir públicamente en las elecciones pasadas, inclinando la balanza a favor del hoy mandatario Aníbal Gaviria.
De eso no hay duda.
Su pena es merecida y necesaria. Puede que un poco exagerada, pero Salazar tenía medido claramente que esto podía pasar cuando asumió valientemente el riesgo de hacer la denuncia que hizo.
Su dilema navegaba en dos escenarios: intervenir indebidamente en política al hacer los señalamientos y con eso alterar el rumbo de las elecciones, o callar su conocimiento de unos posibles vínculos de uno de los candidatos con grupos criminales de la comuna Ocho.
Salazar escogió bien. El silencio lo hubiera hecho casi un cómplice. En su valoración primó como derecho protegible el futuro de la ciudad, al denunciar las supuestas presiones de los criminales en las elecciones para que ganara el candidato Luis Pérez . Ese era un hecho mucho más peligroso a que lo pudieran sancionar y no volver a ejercer política.
Con eso, el exalcalde demostró que es un líder. Afrontó con nombre propio y asumiendo los peligros la denuncia de manera abierta, sabiendo que estaba cometiendo una irregularidad. Todo por el fin justo y necesario de proteger la llegada de un candidato que traía consigo una posible alianza con los criminales y de esa manera bloquear la mano oscura dentro del gobierno local.
Es cierto, como dice la Procuraduría, que Salazar dejó de lado la prudencia que le era debida, lo que acarreó que se afectaran los bienes jurídicos que se tenían que proteger como era la preservación de la prohibición a participar en política. Pero lo que desconoce el organismo de control, de pronto porque no es su menester, es que de no haber hecho lo que hizo Salazar, el resultado hubiera podido ser nefasto para Medellín.
Pero eso no quiere decir que no se merezca su sanción o que le deba ser perdonable. Era de esperar que al exalcalde lo castigaran de esa manera, y Salazar mismo lo estaba esperando.
La prohibición constitucional para que los empleados públicos participen en política es categórica y restrictiva hasta tanto se expida la Ley Estatutaria que prevea las condiciones para que aquellos puedan ejercer esta actividad.
Ahora bien. No es el primero que lo hace, pero sí es una de las sanciones más severas y categóricas. Expresidentes en ejercicio, incluyendo a Álvaro Uribe, intervinieron constantemente en los procesos de elecciones locales. Algunas veces de manera obligatoria y otras de forma innecesaria.
Algunos otros han intervenido de manera titánica y valiente, como Salazar, y otras de forma imprudente e irrespetuosa. Algunos no han sido sancionados y otros nunca lo serán. Pero así sea Salazar uno de los pocos sancionados, su cabeza en la guillotina demuestra que obró bien al proteger a la ciudad de una posible situación que hubiera sido macabra para el desarrollo de Medellín, incluso en contra de sus intereses personales. Bravo Salazar. Colombia necesita más valientes como usted.
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